Ceuta vive horas de extrema incertidumbre entre críticas a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció que elevará una denuncia formal ante el Poder Judicial para exigir responsabilidades y soluciones jurídicas ante la gravedad de la situación. Asimismo, Vivas rechazó de forma tajante las directrices provenientes del Gabinete central

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Presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas

La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa un clima de creciente tensión tras la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos. La crisis local se agrava en medio de acusaciones de pasividad dirigidas al Ejecutivo central y las críticas por la ausencia del presidente Pedro Sánchez, quien continúa de vacaciones mientras la gestión institucional colapsa.

Recibimiento hostil a la ministra Elma Saiz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue recibida este lunes entre intensos abucheos y gritos de «dimisión» a su llegada al Palacio de la Asamblea de Ceuta. Se trata de su primera visita a la ciudad desde el inicio del episodio de entrada masiva el pasado 30 de julio. A las puertas del edificio municipal, ciudadanos mostraron su indignación contra las medidas migratorias aplicadas:

«Sois los causantes de tantas muertes en el Estrecho por la política migratoria», recriminó una vecina a la comitiva ministerial durante su acceso.

Respuesta institucional de la Ciudad Autónoma

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció que elevará una denuncia formal ante el Poder Judicial para exigir responsabilidades y soluciones jurídicas ante la gravedad de la situación. Asimismo, Vivas rechazó de forma tajante las directrices provenientes del Gabinete central:

Firmeza local: Vivas remarcó que la ministra Saiz no es quién para dictar a la administración ceutí cómo actuar ante la emergencia.

Declaración tajante: «A Ceuta nadie le va a dar lecciones», aseveró el presidente autonómico, marcando distancia con la gestión de los Ministerios involucrados y exigiendo un compromiso real para frenar el impacto en los servicios públicos locales.

«No nos vale que nos digan que no se puede. Lo que creemos que ocurre es que no hay voluntad», dijo el presidente Vivas, en referencia al Gobierno central.