El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo giro a la política migratoria argentina al modificar por decreto la Ley de Migraciones con el objetivo de impedir el ingreso al país de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra Argentina o sus ciudadanos, inciten a la violencia por razones de nacionalidad o participen en actos considerados ofensivos contra los símbolos patrios.
La reforma fue establecida mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, incorporando nuevas causales tanto para negar el ingreso al territorio argentino como para cancelar permisos de residencia ya otorgados. En estos últimos casos, las autoridades podrán ordenar que el extranjero abandone el país dentro de un plazo determinado o, de ser necesario, disponer su expulsión, previa evaluación de las circunstancias personales y de los hechos atribuidos.
El Ejecutivo precisó que la normativa no alcanza a las opiniones protegidas por la Constitución, por lo que las críticas políticas, académicas, ciudadanas o el disenso ideológico no serán consideradas motivos para restringir el ingreso o la permanencia de personas extranjeras en el país.
La modificación incorpora estas nuevas restricciones en los artículos 29 y 62 de la Ley de Migraciones, ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones para actuar frente a conductas que el Gobierno considere lesivas para la Nación. Como sustento jurídico, la administración de Milei citó un precedente de la Corte Suprema que reconoce la potestad soberana de los Estados para establecer las condiciones de admisión de ciudadanos extranjeros.
El decreto comenzará a regir el viernes 31 de julio, un día después de su publicación oficial. Conforme al procedimiento previsto para este tipo de normas, será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, instancia que deberá pronunciarse sobre su validez antes de que ambas cámaras lo sometan a votación.
Tras la publicación del DNU, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que defendió la decisión y afirmó que la protección de la Nación, de sus ciudadanos y de los símbolos patrios constituye una prioridad del Estado. El mensaje sostuvo que quienes promuevan ataques contra Argentina no serán bienvenidos en el país.
La medida fue anunciada en medio de una controversia generada por una serie de declaraciones de figuras internacionales tras la final del Mundial 2026. El Gobierno interpretó esos pronunciamientos como parte de una campaña de hostilidad contra Argentina y vinculó su difusión con sectores políticos extranjeros.
Entre las voces que generaron mayor repercusión se mencionan las del actor Samuel L. Jackson, la actriz Mia Khalifa, el cantante Niall Horan y el escritor Arturo Pérez-Reverte, además de la cantante Rosalía, quien posteriormente se disculpó por haber compartido una publicación crítica hacia los aficionados argentinos.
Desde el Ejecutivo insistieron en que las acusaciones que presentan a Argentina como un país racista carecen de fundamento histórico y forman parte de una narrativa destinada, según sostienen, a desacreditar al país y al actual modelo de gobierno.
