Los gobiernos de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador dieron un nuevo paso en la articulación regional contra el crimen organizado transnacional tras suscribir en Santiago un acuerdo político y operativo orientado a fortalecer la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y control fronterizo.
La iniciativa, denominada “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, fue adoptada durante una reunión encabezada por cancilleres y autoridades de seguridad de los cinco países, quienes coincidieron en que las estructuras criminales que operan en la región requieren respuestas coordinadas más allá de las capacidades nacionales.
El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, anfitrión del encuentro, destacó que el avance del narcotráfico y de las redes criminales transfronterizas obliga a los Estados a reforzar la cooperación política y técnica. Según afirmó, el objetivo es entregar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad a la ciudadanía mediante acciones conjuntas y sostenidas.
Como parte del acuerdo, los países participantes conformarán un Grupo de Trabajo Técnico-Operativo encargado de elaborar un Plan de Acción Conjunto con medidas concretas, medibles y sujetas a evaluación periódica. El documento deberá alinearse con las legislaciones internas y con instrumentos internacionales vigentes, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo.
La declaración reconoce además que las organizaciones criminales han incrementado el uso de plataformas digitales, sistemas financieros y redes logísticas internacionales para expandir actividades ilícitas, lo que exige mecanismos regionales más sofisticados de respuesta y control.
Entre las áreas prioritarias definidas por los gobiernos figuran el fortalecimiento de la inteligencia financiera y tributaria, la trazabilidad de operaciones, el control migratorio y fronterizo, así como políticas de prevención de la corrupción e integridad institucional.
El Grupo de Trabajo deberá instalarse dentro de los próximos 90 días y presentar avances iniciales en un plazo de seis meses. Para ello, las autoridades acordaron una nueva reunión en Buenos Aires dentro de 180 días, donde se revisará el cumplimiento de los compromisos asumidos.
En representación de Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld participó en las deliberaciones y mantuvo encuentros bilaterales con autoridades de Argentina, Chile, Perú y Bolivia para profundizar la cooperación en seguridad, comercio e integración regional.
Durante la visita oficial también se concretó la firma de un Memorando de Entendimiento entre Ecuador y Bolivia en materia consular y migratoria, destinado a fortalecer los mecanismos de protección y asistencia para los ciudadanos de ambos países.
