El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este viernes la Ley 1773, disposición que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 260) e incorpora un mecanismo formal para la suspensión del Fiscal General del Estado y la posterior designación de una autoridad interina. La promulgación se concretó de manera inmediata tras completarse su trámite legislativo y recibir la aprobación de las cámaras de Senadores y Diputados.
La nueva norma añade de forma específica un artículo al parágrafo VI del artículo 25 del marco normativo del Ministerio Público. Tras el aval final de la Cámara de Diputados, el proyecto fue remitido al Órgano Ejecutivo para su firma. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) asumió su responsabilidad institucional ante la coyuntura del país, catalogando la aprobación como un paso decisivo hacia la transformación del sistema judicial e instando a continuar el trabajo por la reinstitucionalización.
Proceso penal contra la máxima autoridad fiscal
El ajuste legislativo responde de manera directa a la reciente aprehensión del fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca. La exautoridad fue detenida y acusada por el Gobierno boliviano de presuntamente liderar una organización criminal vinculada al narcotráfico, señalamientos que se suman a las acusaciones previas formuladas por Estados Unidos respecto al cobro de sobornos para favorecer y encubrir actividades ilícitas.
Tensión y protestas en el Plenario
Durante la sesión legislativa se vivieron momentos de alta tensión. Tras la presentación de un informe oficial ante la ALP por parte del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y otras autoridades del gabinete ministerial, varios parlamentarios increparon a la comitiva a su salida con la consigna: “¡Oviedo, falta Evo y Del Castillo!”.
Los legisladores hicieron énfasis en que el expresidente Evo Morales mantiene órdenes de aprehensión vigentes y procesos judiciales abiertos —entre ellos investigaciones por presunta trata y tráfico de personas—, por lo que exigieron su inmediata detención. Asimismo, reclamaron acciones contra el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, vinculado a pesquisas de gran impacto como el caso del narcotraficante Sebastián Marset y sobre quien también existen reportes de búsqueda por parte de las fuerzas del orden.
