La libertad y la democracia suelen sostenerse con discursos altisonantes en los foros internacionales, pero se ponen a prueba en los momentos de firmeza ética. La decisión de la Autoridad de Aviación Civil de Curazao (CCAA) de denegar el aterrizaje al avión que trasladaba a la líder opositora venezolana María Corina Machado es un episodio lamentable que expone la tibieza, el cálculo geopolítico y una alarmante sumisión por parte de Willemstad y La Haya.
El velo comenzó a rasgarse cuando Peter Steinmetz, director de la CCAA, según declaró el director de la autoridad a la emisora NOS, que la prohibición no obedecía a simples contratiempos burocráticos —como se pretendió hacer creer inicialmente bajo la excusa de “problemas de documentación”—, sino a una “petición de instancias superiores”. ¿Quiénes son estas esquivas “instancias superiores”? En un espectáculo de evasión de responsabilidades, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, optó por el silencio; el ministro de Transporte, Charles Cooper, se lavó las manos; y desde los Países Bajos, el viceministro Eric van der Burg se limitó a calificar el hecho como “una situación muy delicada”, desviando la mirada hacia el ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen.
Las informaciones que señalan al Consejo de Ministros del Reino de los Países Bajos como el origen de la orden dejan al descubierto una realidad incómoda: un Estado europeo y sus territorios caribeños, garantes históricos del Estado de derecho y los derechos humanos, prefirieron acatar la coacción o la conveniencia pragmática antes que ofrecer un puente logístico a quien encarna la causa democrática de Venezuela. Denegar el tránsito no solo a Curazao, sino también entorpecer el intento paralelo en Aruba, demuestra una acción coordinada de bloqueo, no un mero incidente aislado.
Resulta inaceptable que democracias consolidadas actúen con el temor de un vasallo frente al régimen de Caracas o al gobierno de EEUU o bajo el cálculo opaco de intereses económicos y migratorios regionales. Ceder ante el chantaje autoritario y cerrar el espacio aéreo a figuras democráticas atenta contra los propios principios que el Reino de los Países Bajos afirma defender en la escena global.
Cuando el compromiso con los valores democráticos depende de no incomodar a regímenes dictatoriales, la retórica sobre los derechos humanos queda reducida a papel mojado. Curazao y los Países Bajos han sentado un precedente nefasto: el día en que debieron sostener la mirada de la tiranía, prefirieron ponerse de rodillas.
