El Gobierno argentino cuestionó al de Reino Unido por protestar ante el recurso que Buenos Aires presentará ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) por la realización de actividades hidrocarburíferas en las islas Malvinas, ocupadas por Londres desde 1833 y cuya soberanía reclama el país sudamericano.
“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convemar como un intento de “socavar” los derechos de alguien”, refirió este jueves en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La nación sudamericana rechazó esa calificación y observó que “someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.
El actual Gobierno, que preside Javier Milei, entendió que su recurso ante la Convemar condice con un Estado comprometido con el estado de derecho que arbitra sus diferencias “no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente”.
En el mismo día en que Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Marina Plaza, por el arbitraje impulsado por su país, la actual gestión recordó que tanto ambas naciones son Estados parte en la Convemar.
“Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención”, puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, al subrayar que “se trata de una obligación convencional”.
“Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca “socavar” los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”, expresó la cancillería.
En una crítica velada a Londres, el Ejecutivo sostuvo que “un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación -en este caso, infundada- a los demás, como una verdad absoluta”.
Después de que la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmase que las actividades hidrocarburíferas autorizadas por su país en las islas Malvinas se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convemar”, el Gobierno argentino observó que entonces nada tenían que temer.
“Reino Unido, obligado por la misma Convención, tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos”, postuló la cancillería.
La nación sudamericana expresó su “plena confianza” en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resolver el caso con independencia.
Como en cada comunicado relacionado con la soberanía de las islas Malvinas, la actual gestión evocó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a Argentina y a Reino Unido a retomar el diálogo a través de negociaciones bilaterales.
La actual administración también mencionó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras perdure la controversia de soberanía.
“La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo”, cuestionó Argentina.
En su extenso comunicado, el ministerio defendió su derecho de recurrir a la vía jurídica ante la negativa persistente de Londres a negociar la soberanía de las islas Malvinas, y rechazó lo que definió como una “manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas”.
La nación sudamericana también lamentó que el procedimiento legítimo que presentará a la Convemar ponga en cuestión su confiabilidad como socia de Reino Unido.
“La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos”, incidió el organismo que dirige el ministro Pablo Quirno.
Al final de su texto, la cancillería se pregunta “qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados”. (Sputnik)
