WASHINGTON D.C. — El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la imposición inmediata de sanciones de visado y restricciones de entrada contra múltiples ciudadanos y funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Las medidas se enmarcan en el respaldo a la Iniciativa Escudo de las Américas, un programa multilateral enfocado en el fortalecimiento institucional y la lucha contra el crimen organizado en la región.
Las restricciones fueron dispuestas en virtud del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la cual prohíbe el ingreso al territorio estadounidense de personas cuyas actividades puedan generar consecuencias adversas para la política exterior de Washington.
Designación pública por corrupción en Bolivia
En el caso de Bolivia, la Administración estadounidense aplicó una sanción de alto perfil al designar públicamente al actual Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, conforme a la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026.
Según el informe oficial, Mariaca —electo en 2024 para un mandato de seis años durante la gestión del expresidente Luis Arce— habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico y encubrir a criminales violentos. Esta determinación inhabilita permanentemente el ingreso a EE.UU. de Mariaca y de sus familiares directos. Desde el Gobierno norteamericano remarcaron que estas acciones atentan directamente contra los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y vulneran la institucionalidad democrática boliviana.
Adicionalmente, el Departamento de Estado revocó los visados de doce ciudadanos bolivianos y sus respectivas familias:
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Martín Daniel Irusta Flores, Fiscal Superior.
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Albania Chane Caballero Saavedra, Primera Jueza Investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en Santa Cruz.
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Alberto Zeballos Flores, Fiscal Titular de Santa Cruz.
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Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal en Santa Cruz.
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Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
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Alvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Fiscal Superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
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Israel Ramiro Campero Méndez, Magistrado Constitucional.
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Alberto Samuel Soto de la Via, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
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Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema.
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Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia.
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Frans William Cabrera Quispe, Coronel de la Policía Boliviana.
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José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Asimismo, otros nueve ciudadanos bolivianos que no contaban con visa vigente, junto a sus núcleos familiares, fueron declarados inelegibles para obtenerla en el futuro.
Medidas en Colombia, Ecuador y Perú
La resolución del Departamento de Estado también afectó a autoridades y actores clave del sector privado en otros tres países de la región:
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Colombia: Se concretó la revocación de visas a dos ciudadanos y sus familias. Los sancionados son la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu (afiliada al Pacto Histórico y al movimiento MAIS) y el empresario Euclides Antonio Torres Romero, propietario de un conglomerado empresarial con operaciones en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.
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Ecuador: Se aplicó la revocación de visados a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares directos.
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Perú: La medida alcanzó al juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez Matos, y a su familia.
Desde la Casa Blanca y la Secretaría de Estado se reiteró que Estados Unidos mantendrá una postura firme contra la corrupción y la impunidad en el hemisferio occidental, impidiendo el uso de su territorio o sistema financiero a actores que atenten contra el orden democrático.
