Un tribunal de la provincia ecuatoriana de Chimborazo rechazó este lunes el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de la excandidata presidencial Luisa González. Con esta decisión, la dirigente del movimiento Revolución Ciudadana (RC) continuará en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra por el presunto delito de lavado de activos.
“El tribunal por unanimidad declara improcedente la acción y por tanto rechaza el hábeas corpus presentado”, dictaminó el juez Fabián Toscano, al ratificar la medida cautelar debido a que no se presentaron pruebas que evidenciaran una afectación inconstitucional a sus derechos.
Detalles del proceso y medidas cautelares
González fue detenida el pasado 22 de octubre en su domicilio ubicado en la provincia de Manabí. Desde su arresto, la excandidata ha señalado al Gobierno de encabezar una persecución política contra la oposición, una postura rechazada por diversos analistas que apuntan a la solidez de los elementos recabados en la investigación.
El caso, denominado “Laberinto”, también involucra a otros actores políticos:
-
Santiago Díaz: Exparlamentario de RC, sobre quien también pesa una orden de prisión preventiva (actualmente recluido por el delito de violación a una menor de edad).
-
Wendy Onofre: Secretaria del movimiento político RETO, quien enfrenta la misma medida cautelar.
-
Estefanía Molina: Responsable de las finanzas de RC, para quien la autoridad judicial dictó medidas alternativas a la prisión, incluyendo presentación periódica, prohibición de salida del país y grillete electrónico.
La hipótesis fiscal: financiamiento electoral bajo la lupa
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el caso Laberinto investiga posibles irregularidades en el origen de los recursos y en los gastos de publicidad de la campaña presidencial de 2023.
La principal hipótesis sostiene que, entre mayo y agosto de dicho año, se habría operado mediante una red de personas jurídicas para canalizar cerca de 500.000 dólares destinados a actividades electorales. Adicionalmente, las autoridades indagan la posible procedencia de fondos vinculados al tráfico ilegal de hidrocarburos y otros movimientos financieros empresariales.
El contexto político y judicial
Esta causa se añade a una serie de investigaciones que salpican a dirigentes de la organización política fundada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana y cuenta con una sentencia firme de ocho años de prisión por el caso de corrupción Sobornos.
Asimismo, a inicios de 2026, la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación bajo el nombre de caso “Caja Chica”, orientada a esclarecer un presunto lavado de activos a través de supuestos recursos procedentes de Venezuela destinados al financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
