Haití enfrenta una nueva escalada de violencia con el avance de los grupos armados hacia territorios situados fuera de los principales bastiones criminales de Puerto Príncipe. La localidad de Kenscoff, en las colinas que rodean la capital, fue escenario de una de las ofensivas más sangrientas registradas recientemente, después de que hombres armados irrumpieran durante la noche, atacaran a residentes e incendiaran viviendas.
La violencia dejó al menos 47 personas muertas y otras 22 heridas, según reportes de la prensa. Al día siguiente, los cadáveres permanecían en las calles mientras familiares y sobrevivientes recorrían la zona en busca de personas desaparecidas. El ataque evidencia la creciente capacidad de las bandas para trasladar sus operaciones hacia áreas rurales y estratégicas, ampliando su disputa por territorios y fuentes de ingresos.
El secretario general de Naciones Unidas condenó enérgicamente la masacre, ocurrida coincidiendo con la publicación de un nuevo informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) sobre la situación de los derechos humanos. El documento revela que, aunque la violencia registró una disminución moderada durante el segundo trimestre del año, los grupos criminales continúan expandiendo su radio de acción.
Entre abril y junio, al menos 1.408 personas murieron y otras 656 resultaron heridas a causa de la violencia en Haití. La cifra representa una reducción aproximada del 14% respecto del trimestre anterior, pero Naciones Unidas advierte que este descenso no refleja una mejora homogénea en todo el país.
Más de la mitad de las víctimas fueron atribuidas a las pandillas, mientras cerca del 40% se produjeron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra esos grupos. Otro 5% estuvo relacionado con grupos de autodefensa y episodios de justicia por mano propia.
“Estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia”, señaló Carlos Ruiz Massieu, director de BINUH y máximo representante de Naciones Unidas en Haití, al presentar el informe.
Una ofensiva que desplaza la violencia
Las operaciones de seguridad han conseguido reducir la presencia de algunas bandas en sectores de Puerto Príncipe, entre ellos Delmas y Tabarre. Sin embargo, la presión ejercida sobre los grupos armados parece haber provocado, en determinados casos, un desplazamiento de los focos de violencia hacia otras zonas.
Uno de los principales escenarios de esta dinámica ha sido la llanura de Cul-de-Sac y Cité Soleil, donde organizaciones criminales rivales se han enfrentado por el control territorial y de las rutas utilizadas para obtener ingresos ilícitos. Los enfrentamientos provocaron 463 muertos y dejaron cientos de heridos y víctimas de violencia sexual, además de obligar a más de 18.000 personas a abandonar sus hogares.
La ubicación de Cul-de-Sac convierte a esta zona en un enclave estratégico, debido a su conexión con dos rutas fundamentales entre el puerto de contenedores de Puerto Príncipe y la terminal petrolera de Varreux, en el norte del país. El repliegue de grupos armados desde otros sectores de la capital habría contribuido a intensificar la disputa por este corredor.
La expansión tampoco se limita al área metropolitana. En Artibonite, una de las principales regiones agrícolas del país, las bandas han atacado comunidades y asesinado tanto a residentes en sus viviendas como a trabajadores que se encontraban en los campos. En el sur, el grupo Village de Dieu ha extendido sus incursiones hacia los alrededores de Séguin, una zona que hasta hace poco había permanecido relativamente al margen de la violencia.
Según Naciones Unidas, estos movimientos podrían estar relacionados con la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y con el intento de controlar rutas que conducen hacia el puerto de Marigot.
Kenscoff constituye otro ejemplo de esta expansión territorial. La localidad, situada en una zona elevada y considerada durante años menos expuesta a la violencia de las bandas, ha sufrido alrededor de una docena de ataques desde el año pasado.
Violencia sexual y secuestros agravan la crisis
El deterioro de la seguridad también se refleja en el aumento de los delitos contra la población civil. Durante el segundo trimestre, BINUH documentó al menos 796 víctimas de violaciones colectivas. Naciones Unidas advierte, sin embargo, que la dimensión real del problema probablemente sea mucho mayor debido al subregistro provocado por el miedo a las represalias, el estigma y la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En territorios disputados por organizaciones rivales, la violencia sexual se ha convertido en una herramienta de intimidación y castigo contra comunidades consideradas enemigas. Los testimonios recogidos por Naciones Unidas describen agresiones contra mujeres, incluso en presencia de sus hijos, además del saqueo y posterior incendio de viviendas.
Los secuestros también experimentaron un fuerte incremento. Al menos 81 personas fueron raptadas durante el trimestre con el objetivo de exigir rescates, profundizando la sensación de indefensión entre una población que enfrenta el colapso de los mecanismos de protección estatal.
La respuesta contra las bandas también genera víctimas civiles
La ofensiva de las autoridades contra las organizaciones criminales ha incrementado la presencia de fuerzas de seguridad, pero también ha generado preocupación por el impacto de determinadas operaciones sobre la población civil.
Más de 800 personas murieron o resultaron heridas durante operativos de seguridad registrados entre abril y junio. Entre las herramientas empleadas se encuentran drones explosivos utilizados por una fuerza especial integrada por agentes de la Policía Nacional Haitiana y miembros de una empresa militar privada extranjera.
BINUH documentó al menos 95 víctimas que no tendrían vínculos con organizaciones criminales. En nueve casos, las operaciones con drones dejaron civiles muertos o heridos, entre ellos seis niños.
La ONU también señaló que no dispone de información que permita confirmar la apertura de investigaciones oficiales sobre las muertes y lesiones ocurridas durante estos operativos, incluidos los casos en los que participaron empresas militares privadas.
La situación adquiere especial relevancia mientras Haití y sus socios internacionales refuerzan la respuesta de seguridad. La Fuerza de Represión de Pandillas, respaldada por Naciones Unidas y concebida para apoyar a la policía haitiana, todavía no se encuentra completamente desplegada.
Pero la violencia registrada en Kenscoff y en otras regiones demuestra que el desafío va mucho más allá de recuperar el control de determinados barrios de Puerto Príncipe. Las organizaciones criminales están modificando sus estrategias, extendiendo su presencia hacia nuevos territorios y buscando nuevas fuentes de financiamiento, mientras la respuesta armada plantea a su vez riesgos para la población.
La dimensión humanitaria de la crisis continúa creciendo. En mayo, cerca de 1,47 millones de personas se encontraban desplazadas internamente en Haití, más de la mitad de ellas niños.
La masacre de Kenscoff no forma parte todavía de las cifras del último informe trimestral de Naciones Unidas. Su saldo de muertos, heridos y desaparecidos se perfila, por tanto, como una nueva evidencia del avance de una violencia que sigue desbordando las fronteras de la capital haitiana.
