Revés judicial para Trump: Jueza anula la suspensión de visas de residencia que afectaba a Brasil, Colombia y Uruguay entre 75 países

Para justificar la decisión, el Departamento de Estado había argumentado que los solicitantes procedentes de estas naciones representaban "un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas".

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Un tribunal federal de Estados Unidos asestó un contundente golpe a la agenda antiinmigratoria de la administración de Donald Trump. La jueza federal Jeannette Vargas, con sede en Nueva York, dictaminó la anulación inmediata de la suspensión en la tramitación de visas para la residencia permanente que afectaba a ciudadanos de 75 naciones, entre las cuales figuran Brasil, Colombia y Uruguay.

En su resolución, divulgada por The New York Times, la magistrada sostuvo de forma categórica que la política implementada por el Ejecutivo era “contraria a la ley” y excedía la “autoridad legal” otorgada al secretario de Estado, Marco Rubio. El fallo invalida así una de las restricciones migratorias más severas aplicadas en los últimos meses.

La medida, que permanecía vigente desde el pasado 21 de enero, paralizaba por completo la tramitación de las visas de inmigrante, el instrumento legal necesario para la radicación legal y definitiva en suelo estadounidense. A diferencia de los visados de no inmigrante —destinados a estadías temporales por turismo, negocios o estudios—, esta directiva clausuraba el acceso a la residencia permanente y a la reunificación familiar.

Para justificar la decisión, el Departamento de Estado había argumentado que los solicitantes procedentes de estas naciones representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”. Sin embargo, la determinación judicial desestimó esta premisa al concluir que la diplomacia norteamericana sobrepasó sus facultades legales.

El dictamen beneficia directamente a los ciudadanos de Brasil, Colombia y Uruguay, además de una extensa nómina de países latinoamericanos como Belice, Costa de Marfil, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica y Nicaragua, junto a decenas de naciones de África, Asia y Europa del Este. Con esta orden judicial, las sedes diplomáticas y consulares de Estados Unidos en los 75 países afectados quedan habilitadas para reanudar el procesamiento formal de los expedientes que habían quedado congelados.