La Comisión Europea ha vuelto a elevar la presión sobre el Gobierno español para garantizar la devolución de los menores migrantes no acompañados que han ingresado de forma irregular en Ceuta. Desde la capital comunitaria se remarca que los procedimientos de repatriación están plenamente “cubiertos por el Derecho de la Unión Europea”, instando a Madrid a aplicar la normativa vigente para la gestión de sus fronteras exteriores.
La postura del Ejecutivo comunitario ha quedado clara tras las recientes valoraciones sobre la crisis asistencial y migratoria que afronta la ciudad autónoma.
“Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados”, declaró categóricamente un portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos.
Marco legal y garantías comunitarias
Desde la perspectiva de Bruselas, el Derecho Comunitario en materia de extranjería y asilo contempla el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, incluidos los menores de edad, siempre que se cumplan las garantías legales correspondientes:
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Evaluación individualizada: Garantizar que cada caso sea examinado de manera particular.
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Interés superior del menor: Constatar que la repatriación se realice para la reagrupación familiar o la entrega a los servicios de protección de menores del país de origen.
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Acuerdos bilaterales: Hacer uso de los marcos de cooperación transfronteriza y tratados de retorno firmados con países vecinos como Marruecos.
Para el Ejecutivo europeo, el estricto cumplimiento de estas directivas es clave para mantener la integridad del espacio Schengen y evitar un efecto llamada en la frontera sur de la Unión.
Presión sobre las infraestructuras locales
La declaración de la Comisión llega en un momento de fuerte saturación en los centros de acogida de Ceuta, donde la capacidad asistencial se encuentra al límite debido al flujo constante de llegadas. Mientras que el Gobierno de España ha intentado articular mecanismos de traslado hacia la península y negociar el reparto entre comunidades autónomas, la directriz prioritaria señalada por Bruselas apunta a agilizar la vía de la repatriación como la solución prevista por el marco legal europeo.
