Dos de las figuras más controvertidas del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, abogan por revisar el fallo histórico de 2009 que eliminó el diploma obligatorio para ejercer el periodismo. Críticos advierten que esta medida busca restringir la libertad de expresión y el pluralismo informativo en el país.
Reabriendo el debate sobre el fallo histórico de 2009
En 2009, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sentó un precedente clave para la libertad de expresión al declarar inconstitucional el Decreto Ley 972/1969. Dicha norma, heredada de la época dictatorial, establecía restricciones estrictas para el ejercicio de la profesión, entre ellas la inscripción obligatoria en el Ministerio de Trabajo y la exigencia de un título universitario en periodismo. En su momento, la mayoría del tribunal determinó que tales exigencias no se ajustaban a los derechos de libre emisión del pensamiento consagrados en la Constitución de 1988.
Sin embargo, este avance en materia de derechos civiles vuelve a estar amenazado. Los ministros Flávio Dino y Alexandre de Moraes impulsan reconsiderar la exención del título profesional, abriendo la puerta a una regulación estatal sobre quién puede y quién no puede ejercer la labor informativa.
Las controvertidas justificaciones de Dino y Moraes
Para sostener la necesidad de reinstaurar el requisito del diploma, ambos magistrados han apelado a discursos basados en la lucha contra la desinformación y el crimen organizado, vinculando el libre ejercicio periodístico en redes sociales con la comisión de delitos:
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Flávio Dino sostuvo que la decisión de eximir el diploma se ha convertido en una complicación procesal a la hora de juzgar casos vinculados a la libertad de prensa, llegando a equiparar el trabajo de comunicadores independientes con el crimen organizado:
“La extensión automática de este régimen de protección a cualquier bloguero podría llevar a que el PCC y el Comando Vermelho organicen un concurso para seleccionar a los blogueros”.
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Alexandre de Moraes defendió la regulación formal de la profesión argumentando que las plataformas digitales son utilizadas para vulnerar la honra de terceros bajo el amparo de la prensa:
“Hoy en día, con las redes sociales, cualquiera puede levantarse un día y decir: ‘A partir de hoy, soy periodista’, y empezar a ofender el honor de innumerables personas escudándose en la libertad de prensa”.
Sesgo político y falta de independencia en el STF
El intento de restringir el alcance de la libertad de prensa ocurre en un contexto de fuerte polarización y cuestionamientos hacia la imparcialidad del máximo tribunal brasileño:
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Flávio Dino: Nombrado directamente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su llegada al STF estuvo marcada por la polémica luego de que el propio mandatario se felicitara públicamente por colocar en el alto tribunal a un “compañero del Partido Comunista de Brasil”, dejando en evidencia la afinidad partidaria en la alta magistratura.
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Alexandre de Moraes: Acumula severas críticas por su falta de independencia judicial. Sus decisiones y acciones punitivas han sido señaladas de manera constante por beneficiar al oficialismo y asfixiar voces disidentes en las redes sociales y medios independientes.
Amenaza directa al periodismo independiente
La pretensión de los magistrados de condicionar el ejercicio periodístico a un diploma oficial constituye un claro retroceso democrático. Tras el argumento de proteger el honor o combatir la desinformación, subyace la intención de controlar la narrativa pública y otorgar al Estado el poder de decidir quién ostenta la condición de periodista, restringiendo el trabajo de analistas, comunicadores comunitarios y prensa independiente.
La verdad detrás de la censura
El renovado debate sobre la exención del requisito del título de periodismo se produce en un momento en que el Tribunal está siendo criticado por autorizar medidas para romper la confidencialidad contra el bloguero Luís Pablo, residente en Maranhão.
La semana pasada, la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) expresaron su preocupación por la decisión del ministro Alexandre de Moraes que permitió la identificación de la fuente del periodista, responsable de las acusaciones sobre el supuesto uso indebido de vehículos oficiales por parte de Flávio Dino.
Según Moraes, la información proporcionada por la fuente se obtuvo mediante la vigilancia ilegal de la rutina de Dino y la de su familia en São Luís.
