BRASILIA — La delgada línea que debería separar al poder político del judicial en Brasil parece haberse borrado por completo. En una decisión que reaviva las alarmas sobre la politización de la máxima corte del país, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, ordenó la apertura de una investigación preliminar sobre el envío de enmiendas parlamentarias a organizaciones no gubernamentales vinculadas a la productora de la película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro.
Más allá del objeto de la investigación, lo que queda al descubierto es una red de favores, militancia cruzada y relaciones de conveniencia que compromete seriamente la credibilidad del arbitraje judicial en la nación.
De abogados personales a jueces de la corte: El caso Zanin
La pérdida de pudor institucional en los nombramientos del STF no comenzó con Dino. Antes de su llegada, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había asestado un golpe directo a la neutralidad del tribunal al imponer a Cristiano Zanin como magistrado.
Zanin no es un jurista cualquiera elegido por sus méritos académicos imparciales; fue el abogado personal del propio Lula, encargado de defenderlo en los mediáticos juicios por corrupción de la Operación Lava Jato. Al colocar a su defensor directo en la máxima instancia judicial del país, Lula blindó su entorno y envió un mensaje contundente: el máximo tribunal ya no funciona como un contrapeso, sino como una extensión de su equipo de defensa.
El “compañero” comunista en el tribunal
A este esquema de lealtades personales se sumó posteriormente Flávio Dino. Al nombrarlo, el propio Lula no ocultó su entusiasmo ideológico, manifestando públicamente su felicidad por el hecho de que, por primera vez en la historia de Brasil, un “compañero del Partido Comunista” arribara al STF. Esta confesión de parte deshace cualquier ilusión de imparcialidad: Dino no actúa como un juez ciego ante la política, sino como un cuadro militante incrustado en el corazón del poder judicial. (Ver el siguiente video):
🇧🇷 Lula da Silva asegura estar muy contento por “poner la primera vez en la Suprema Corte de Brasil un ministro comunista”.
pic.twitter.com/wUHvoHFNzL— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 15, 2023
Todo queda entre amigos
La secuencia de los hechos recientes demuestra que el activismo judicial en Brasil opera con una sincronía pasmosa y en un círculo sumamente cerrado:
-
La denuncia: En abril de este año, la diputada Tabata Amaral (PSB-SP) solicitó a la Suprema Corte investigar el uso de enmiendas parlamentarias para la citada producción cinematográfica sobre Bolsonaro, alegando un presunto desvío de recursos públicos, caso que tomó el magistrado Moraes.
-
La conexión social y judicial: El entramado se vuelve aún más explícito al observar los vínculos personales de los magistrados. La propia diputada Amaral celebró recientemente su boda, teniendo como invitado de honor al juez del STF, Alexandre de Moraes.
-
La coincidencia: Es justamente el juez De Moraes quien, coincidiendo con la agenda de la diputada, imputó formalmente a Eduardo Bolsonaro tras una denuncia presentada por la misma Amaral.
La apertura de la investigación por parte de Flávio Dino contra el entorno de Bolsonaro es el último eslabón de una cadena de favores donde denunciantes, jueces, ministros militantes y el abogado del propio presidente comparten ideología, agendas e incluso eventos sociales.
Un desprestigio que ya ni se disimula
La noción republicana de la separación de poderes exige no solo ser imparcial, sino también parecerlo. En el Brasil actual, el STF ha renunciado a ambas cosas. Cuando un mandatario coloca en la corte a su abogado defensor, celebra la llegada de un “compañero de partido” comunista, y los jueces alternan celebraciones íntimas con legisladores cuyas denuncias luego tramitan con sospechosa celeridad contra los opositores de turno, la justicia deja de existir.
El ciudadano brasileño asiste hoy al espectáculo de un poder judicial que ya ni se molesta en disimular. El sesgo ideológico, el conflicto de intereses y el compadrazgo han tomado el control de las instituciones, dejando a la oposición en una flagrante indefensión y al prestigio de la justicia brasileña por los suelos.
