BRASILIA.– La reforma tributaria promovida por la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha vuelto al centro del debate económico tras revelarse las proyecciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Según los cálculos del organismo técnico, el nuevo esquema impositivo dual podría empujar la tasa combinada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta un histórico 31,3 %, superando las estimaciones iniciales presentadas por el Poder Ejecutivo.
El incremento se vincula de manera directa con la fijación de la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), el tramo federal de este impuesto que sustituirá a los antiguos gravámenes PIS y Cofins. Mientras el Ministerio de Hacienda del gobierno de Lula proyectaba una tasa menor, el TCU determinó una alícuota de referencia del 11,3 % que comenzará a regir de forma oficial en enero de 2027. Al sumarse el 20 % estimado para el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) —de competencia estatal y municipal—, Brasil se encamina a desplazar a Hungría (27 %) en el primer puesto del ránking de mayor presión fiscal al consumo a nivel global.
Justificaciones oficiales frente a las críticas del mercado
Desde el plano oficial, la administración de Lula defiende el proyecto como una transformación histórica indispensable para simplificar uno de los sistemas tributarios más complejos del planeta y eliminar la acumulación de cargas en las cadenas productivas. Paralelamente, portavoces gubernamentales señalan que el marco busca generar un equilibrio fiscal sustentable a largo plazo, al tiempo que se complementa con otras medidas orientadas a la justicia distributiva, como la ampliación de las exenciones en el impuesto a la renta para los sectores de menores ingresos.
Por el contrario, analistas financieros y agrupaciones de la iniciativa privada advierten que una tasa cercana al 31 % responde a la necesidad del gobierno de sostener los niveles de gasto público y mitigar el déficit fiscal persistente. Expertos del sector privado enfatizan que el impacto real se trasladará directamente al costo de vida de los ciudadanos mediante el aumento de precios en los servicios, lo que podría restarle competitividad regional al mercado brasileño y enfriar la atracción de inversiones extranjeras. El texto definitivo con las alícuotas base aguarda su revisión final en el Senado Federal, pautada para antes del 15 de diciembre.
