El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) afronta una severa crisis política y el temor creciente a una derrota electoral contundente tras registrarse el segundo accidente ferroviario grave en apenas nueve meses. La suma de ambos siniestros deja un saldo trágico de 115 fallecidos, una cifra que ha desatado una ola de indignación pública y críticas hacia la gestión de la infraestructura por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las alarmas en el sector y en la oposición se han encendido tras salir a la luz que diversos expertos e informes técnicos habían advertido con anterioridad sobre la urgente necesidad de reforzar los sistemas de seguridad y el mantenimiento en la red ferroviaria. Según las denuncias, el Gobierno ignoró estas advertencias previas, lo que ha llevado a calificar los siniestros como consecuencia directa de la falta de previsión y de inversiones prioritarias en el sector.
El accidente en Urda, Toledo, este mes de octubre entre un tren AVE de Renfe y un Iryo que cubrían la ruta Madrid-Sevilla ha dejado 69 fallecidos según el último balance. La cifra supera a las 46 víctimas mortales que dejó el descarrilamiento de Adamuz en enero.
En el centro de las críticas se encuentra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha descartado de forma tajante su renuncia. “No dimito porque, si lo hago, parece que me voy porque soy culpable”, declaró el titular de la cartera durante una comparecencia pública para justificar su permanencia en el cargo.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado filas con su ministro y le ha expresado su total respaldo, rechazando exigir responsabilidades políticas inmediatas a la cúpula de Transportes. Esta posición de enroque interno ha incrementado la tensión institucional y ha alimentado la preocupación entre los barones y cuadros del PSOE, que temen un duro castigo en las urnas ante el malestar social generado por la gestión de la catástrofe.
