La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó el proyecto de reforma constitucional que buscaba ampliar los plazos de detención de personas extranjeras sujetas a una orden de expulsión administrativa, luego de que la iniciativa no consiguiera alcanzar el quórum exigido para su aprobación.
El proyecto, correspondiente al boletín 18.314-07, requería un mínimo de 89 votos favorables, pero registró 88 respaldos, frente a 28 votos en contra y 19 abstenciones. Con ello, la propuesta no logró superar su votación en la Sala.
La iniciativa del Ejecutivo pretendía modificar el marco constitucional para permitir que, en determinados casos vinculados con la ejecución de expulsiones administrativas, el período máximo general de detención pasara de los actuales cinco días a 30 días corridos.
El objetivo declarado de la reforma era otorgar a la autoridad un margen de tiempo mayor para concretar las expulsiones, particularmente en aquellos procedimientos en que las restricciones de plazo dificultan la materialización efectiva de la medida.
El texto también contemplaba la posibilidad de extender la detención hasta en tres oportunidades adicionales, siempre que cada prórroga fuera igual o inferior al período originalmente establecido y que resultara estrictamente necesaria para ejecutar la expulsión. Estas ampliaciones deberían contar previamente con autorización judicial y sustentarse en una solicitud fundada de la autoridad administrativa.
La propuesta incorporaba además un régimen específico para los casos en que la detención tuviera como finalidad permitir la solicitud de detención previa o iniciar un procedimiento de extradición pasiva. En esas circunstancias, el período podría alcanzar hasta 10 días.
Durante la discusión parlamentaria, los defensores de la reforma argumentaron que el actual plazo de detención constituye una dificultad para ejecutar determinadas expulsiones y que la modificación permitiría disponer de una herramienta adicional frente a esos obstáculos operativos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldó la iniciativa durante el debate y sostuvo que la reforma establecía un marco constitucional para posibilitar una ampliación de los períodos de detención, cuya aplicación concreta debería ser posteriormente regulada mediante legislación.
Desde la oposición al proyecto, en cambio, se cuestionó que la respuesta a las dificultades administrativas para concretar expulsiones implique extender los períodos de privación de libertad. Los parlamentarios críticos plantearon además reparos respecto del carácter excepcional de la detención y de las garantías judiciales asociadas a su aplicación.
El debate también puso el foco en la situación de grupos considerados especialmente vulnerables, entre ellos niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que ejercen labores de cuidado, además de las condiciones materiales en que podrían desarrollarse detenciones de mayor duración.
El rechazo en la Cámara abre ahora un escenario legislativo específico. De acuerdo con las reglas aplicables a la tramitación de este tipo de iniciativas, un proyecto rechazado en su idea de legislar normalmente no puede volver a presentarse durante un año. Sin embargo, al tratarse de un mensaje presidencial, el Ejecutivo puede solicitar que la iniciativa sea enviada al Senado.
En ese escenario, la propuesta requeriría el respaldo de dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta. Si obtuviera ese quórum, regresaría a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde su rechazo definitivo exigiría también una votación de dos tercios de los parlamentarios presentes.
