El presidente de Chile, José Antonio Kast, abrió este lunes la puerta a la eventual concesión de indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, al defender la facultad presidencial para revisar las solicitudes y resolverlas individualmente.
En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario sostuvo que cada petición debe ser examinada a partir de los antecedentes particulares del condenado y remarcó que la prerrogativa presidencial continúa vigente en el ordenamiento jurídico chileno.
“Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes”, afirmó Kast, quien precisó que el eventual beneficio no implica modificar una sentencia judicial, sino ejercer una atribución constitucional que permanece en manos del Presidente de la República.
Actualmente, alrededor de un centenar de condenados han presentado solicitudes que están siendo revisadas por el Ejecutivo. Kast descartó, al menos por ahora, establecer un mecanismo generalizado y aseguró que las decisiones serán adoptadas individualmente.
Krassnoff, en el centro de la controversia
Uno de los nombres que coloca la discusión en su punto más sensible es el del exmilitar Miguel Krassnoff, condenado por múltiples delitos cometidos durante la dictadura, entre ellos secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas. Las distintas condenas acumuladas en su contra superan ampliamente el millar de años de prisión.
Consultado directamente por la posibilidad de concederle un indulto, Kast evitó cerrar esa alternativa y reiteró que el Ejecutivo analizará la situación particular de cada solicitante.
La controversia se intensificó después de que Krassnoff enviara una carta a un parlamentario en la que reivindicó el golpe de Estado de 1973 y afirmó que no necesita “perdones ni favores”. El exoficial también sostuvo que espera que se apliquen las leyes vigentes y manifestó su expectativa de alcanzar una “pronta libertad total”.
Frente a este escenario, Kast insistió en que no habrá una decisión automática basada en el tipo de delito o en la identidad del condenado.
El argumento de las enfermedades terminales
El Presidente señaló que uno de los principales dilemas en la discusión sobre los indultos se presenta cuando los condenados padecen enfermedades terminales.
“La mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal”, explicó, antes de plantear que, bajo determinadas circunstancias, no correspondería que una persona falleciera en prisión.
La posición del mandatario se produce en medio de una presión política creciente desde sectores de la derecha chilena. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano han planteado la posibilidad de impulsar un indulto general para condenados vinculados a la represión durante la dictadura.
Kast, sin embargo, marcó distancia de una medida de carácter general y señaló que cualquier iniciativa legislativa en esa dirección forma parte del legítimo derecho de los partidos representados en el Parlamento, pero que su Gobierno mantiene el criterio de estudiar individualmente las solicitudes.
Familiares de víctimas expresan preocupación
La eventual concesión de beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos ha generado inquietud entre familiares de víctimas de la dictadura, especialmente ante otras decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia de memoria y derechos humanos.
Durante su campaña presidencial, Kast ya había manifestado una postura favorable a estudiar indultos para antiguos agentes de los organismos represivos de la dictadura.
A ello se suma la preocupación provocada por el recorte presupuestario cercano al millón de dólares aplicado al programa estatal destinado a la búsqueda de detenidos desaparecidos, una de las políticas centrales en materia de verdad, justicia y reparación.
El debate adquiere especial sensibilidad debido a que los crímenes por los que fueron condenados estos exagentes incluyen secuestros, ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, delitos que han sido objeto de extensos procesos judiciales durante las últimas décadas.
En Chile, el indulto presidencial está contemplado constitucionalmente y permite al jefe de Estado perdonar, reducir o conmutar la pena de una persona que cuenta con una sentencia firme.
