El Gobierno de Bolivia anunció que promoverá una nueva ampliación, por 90 días, del estado de excepción que rige desde el pasado 20 de junio, en un escenario marcado por la posibilidad de nuevas movilizaciones sociales y por el impacto que las recientes protestas tuvieron sobre el abastecimiento y la actividad económica del país.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó este domingo que el Ejecutivo remitirá nuevamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la propuesta para prolongar la medida. Según el ministro, existe un amplio respaldo social y también disposición dentro del Parlamento para aprobar la continuidad del estado de excepción.
La iniciativa deberá superar ahora el procedimiento legislativo correspondiente. La comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados ya dio un primer paso al aprobar esta semana un proyecto de resolución que plantea extender la medida durante otros tres meses.
El diputado oficialista Alejandro Medinaceli explicó que la propuesta deberá ser sometida al pleno de la Cámara Baja. Posteriormente, la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá convocar una sesión conjunta de Diputados y Senado para resolver definitivamente la ampliación.
La decisión del Ejecutivo se produce después de uno de los períodos de mayor conflictividad social registrados durante el actual Gobierno. Entre mayo y junio, durante aproximadamente siete semanas, organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizaron bloqueos de carreteras en distintas zonas del país, principalmente en el occidente y el centro.
Las movilizaciones, respaldadas también por sectores vinculados al expresidente Evo Morales, tuvieron como una de sus principales demandas la salida del poder del presidente Rodrigo Paz. El conflicto provocó interrupciones en el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal y generó una fuerte presión sobre la economía nacional.
El saldo humano también fue elevado. Al menos 16 personas murieron durante el período de bloqueos, de las cuales 13 fallecieron debido a la falta de atención médica oportuna provocada por las dificultades para acceder a los centros asistenciales. Las pérdidas económicas fueron estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
Tras alcanzar acuerdos con distintos sectores, entre ellos la COB, el Gobierno decretó el 20 de junio el estado de excepción con el objetivo de restablecer la circulación, levantar los bloqueos y contener la escalada de conflictividad.
Ahora, cuando se aproxima el vencimiento de los primeros 90 días, el Ejecutivo apuesta por prolongar la medida para evitar que una eventual reactivación de las movilizaciones vuelva a poner en riesgo el abastecimiento, la seguridad y el proceso de recuperación económica.
