La magnitud de la tragedia causada por el terremoto que sacudió Colombia el lunes continúa aumentando. El balance entregado este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella eleva a 265 el número de fallecidos, mientras que 3.494 personas resultaron heridas y otras 496 permanecen desaparecidas, en medio de las labores de búsqueda y rescate que se concentran especialmente en las zonas más devastadas.
De acuerdo con el mandatario, el desastre ha afectado hasta ahora a 25.872 familias, equivalentes a 53.816 personas. Las autoridades mantienen desplegados todos los recursos disponibles para localizar a quienes continúan sin ser encontrados, mientras comienza a materializarse la asistencia internacional ofrecida a Colombia para hacer frente a la emergencia.
El terremoto, registrado con una magnitud de 7,4 por el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La zona, caracterizada históricamente por sus altos niveles de vulnerabilidad y aislamiento, figura entre las áreas que han sufrido mayores consecuencias por el movimiento telúrico.
La destrucción también ha golpeado con fuerza la infraestructura. El último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabiliza 11.347 viviendas destruidas y otras 53.526 con daños, además de 140 edificios colapsados. A ello se suman 1.819 establecimientos educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados.
Ante la dimensión de la crisis, De la Espriella anunció que su Gobierno recurrirá al mecanismo constitucional de emergencia económica, con el objetivo de acelerar la movilización de recursos y establecer instrumentos extraordinarios para atender las consecuencias del desastre.
El jefe de Estado adelantó la creación de un fondo especial, al que denominó “fondo milagro”, destinado a concentrar recursos para la recuperación de hospitales, escuelas, carreteras, aeropuertos y otros inmuebles afectados por el terremoto. La estrategia busca no solo responder a las necesidades inmediatas, sino también sentar las bases de un ambicioso proceso de reconstrucción.
El Ejecutivo prepara además un paquete de medidas para reducir temporalmente la presión económica sobre los damnificados. Entre ellas figuran ayudas para cubrir servicios públicos, subsidios de alquiler para quienes quedaron sin vivienda, alivios tributarios y financieros y asistencia directa para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
Los efectos económicos también alcanzan al sector productivo. El Gobierno prevé mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios cuyas actividades resultaron afectadas por el terremoto, en un intento por evitar que la emergencia humanitaria se transforme en una crisis económica de mayor alcance.
El presidente reconoció que la respuesta tendrá que desarrollarse en un escenario especialmente complejo debido a la situación fiscal que atraviesa el país. Sin embargo, sostuvo que la dimensión de la tragedia exige una intervención extraordinaria del Estado y una rápida coordinación entre las distintas instituciones.
Mientras avanzan las labores de rescate, evaluación de daños y distribución de ayuda, la prioridad inmediata continúa siendo encontrar a las 496 personas reportadas como desaparecidas. La llegada de apoyo internacional y la activación de nuevos recursos gubernamentales buscan reforzar una operación que se desarrolla contrarreloj, mientras miles de colombianos permanecen afectados por uno de los terremotos más devastadores registrados recientemente en el país.
