En una decisión que ha encendido las alarmas sobre la persistencia de la impunidad en el sistema judicial de Guatemala, la jueza María Benilda Sandoval Valdez rechazó la solicitud del Ministerio Público (MP) para capturar a los exfiscales de sección José Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina. Ambos exfuncionarios fueron destituidos recientemente de sus cargos en medio de severas investigaciones por presuntos actos de corrupción durante el mandato anterior de Consuelo Porras.
El Ministerio Público advierte riesgo en la investigación
Tras conocerse el fallo judicial, el Ministerio Público denunció públicamente la denegación de las órdenes de aprehensión, advirtiendo que la resolución de la jueza Sandoval Valdez pone en grave riesgo el avance de las pesquisas y la averiguación de la verdad.
La fiscalía argumentó que existían razones más que suficientes para proceder con la captura inmediata, detallando los siguientes riesgos:
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Peligro de fuga: La alta probabilidad de que los señalados evadan la acción de la justicia ante la gravedad de las acusaciones.
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Obstaculización de la justicia: Debido al poder y las conexiones que manejaban en sus cargos, existe el temor fundado de que los investigados ejerzan una influencia directa sobre el personal interno de la institución para alterar o bloquear las evidencias.
Una citación ordinaria bajo la lupa de los analistas
A pesar de los argumentos presentados por la fiscalía, la juzgadora determinó que los dos exfiscales deberán comparecer al proceso penal mediante una citación ordinaria para solventar su primera declaración.
Para diversos analistas jurídicos y políticos, esta decisión ha sido catalogada como “arbitraria”. Expertos señalan que otorgar este tipo de beneficios a exaltos mandos de la fiscalía investigados por corrupción no solo debilita el caso, sino que envía un mensaje de protección hacia las redes de poder que aún operan en el aparato judicial.
La sombra de la era Porras y la lucha por la democracia
Este revés judicial ocurre en un momento crucial de transición para la justicia guatemalteca. La nueva Fiscalía asumió el control del ente público tras años de un profundo descontrol y cuestionamientos bajo el mandato de la exfiscal general Consuelo Porras.
Nota de contexto: Consuelo Porras ha sido sancionada internacionalmente por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, señalada directamente de ejecutar actos de desestabilización en contra de la democracia y el orden constitucional en Guatemala.
La destitución y posterior intento de captura de Curruchiche y Sánchez formaban parte de las acciones para sanear la institución; sin embargo, este último fallo judicial demuestra que el camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas sigue enfrentando enormes resistencias en el país centroamericano.
Nota de redacción: María Benilda Sandoval Valdez, jueza que denegó órdenes de aprehensión solicitadas por MP contra los exfiscales Rafael Curruchiche y Ángel Saúl Sánchez, fue sancionada en 2020 por organismos financieros internacionales:
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
