El Gobierno de Colombia decidió reactivar la extradición hacia Estados Unidos de cinco ciudadanos requeridos por la justicia de ese país por delitos asociados, según cada expediente, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo.
La decisión fue anunciada este miércoles por el presidente Abelardo De La Espriella, quien sostuvo que las extradiciones habían sido autorizadas desde 2025, pero permanecieron suspendidas debido a la participación de los involucrados en diferentes procesos de diálogo adelantados durante la administración anterior.
Entre los tres extraditables que permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas se encuentra Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’, señalado como segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las FARC. También figura Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, identificado por las autoridades como uno de los líderes de ‘Los Pachencas’ o ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, y Geovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, quien ejercía como vocero negociador de los ‘Comandos de la Frontera’, otra estructura disidente de las FARC.
La medida alcanza además a Gabriel Yepes Mejía, alias ‘H.H.’, señalado como líder de ‘Comuneros del Sur’, una disidencia del ELN, y a Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, considerado máximo jefe de ‘Los Pachencas’ y hermano de ‘Muñeca’. Ambos se encuentran actualmente prófugos.
Frente a estos dos últimos casos, el mandatario ordenó a las autoridades intensificar las operaciones para localizarlos y detenerlos, con el objetivo de concretar posteriormente su entrega a las autoridades estadounidenses. “No se encuentran a buen recaudo de la justicia, pero ya los vamos a encontrar”, afirmó De La Espriella.
El presidente explicó que su Gobierno revisó los antecedentes de cada uno de los casos junto con la oficina encargada de los asuntos de paz y concluyó que no existían evidencias suficientes de aportes concretos y verificables a los procesos de negociación. Por el contrario, aseguró que los señalados habrían continuado vinculados con actividades delictivas.
De La Espriella recordó que las decisiones que habían suspendido temporalmente las extradiciones estaban sujetas al cumplimiento de compromisos relacionados con la paz. Según su interpretación, al no acreditarse resultados efectivos o al haberse incumplido esas condiciones, el Ejecutivo quedó facultado para reactivar las entregas. “Ese momento llegó”, sostuvo el mandatario al justificar la decisión.
El jefe de Estado también marcó distancia frente al uso de las negociaciones de paz como mecanismo para evitar la acción de la justicia. Advirtió que los procesos de diálogo no pueden convertirse en espacios de protección para personas requeridas por delitos graves y subrayó que quienes pretendan acogerse a la legalidad deberán demostrarlo mediante resultados concretos.
Las cinco decisiones de extradición fueron suscritas por De La Espriella y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.
La determinación se suma a una política de endurecimiento frente a las estructuras criminales. El propio presidente informó este miércoles que durante sus primeros 16 días de Gobierno ya había firmado más de 30 extradiciones hacia Estados Unidos y aseguró que mantendrá esa línea de actuación como parte de su estrategia de seguridad.
