Un nuevo informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denuncia un patrón de presuntas violaciones a los derechos humanos en el centro de detención para inmigrantes Camp East Montana, ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas. La investigación sostiene que las personas recluidas en estas instalaciones habrían sido víctimas de agresiones físicas, atención médica deficiente, condiciones de vida degradantes y prácticas que, en algunos casos, podrían constituir desaparición forzada según el derecho internacional.
El documento, de 84 páginas y titulado “Solo saldrás deportado o muerto: Detención abusiva de inmigrantes en Fort Bliss”, presenta un amplio registro de testimonios y evidencia sobre el funcionamiento del mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, con capacidad para albergar hasta 5.000 personas distribuidas en cinco grandes estructuras tipo tienda de campaña.
La investigación se desarrolló entre octubre de 2025 y junio de 2026 e incluyó entrevistas a 80 personas, de las cuales 71 permanecían detenidas en Camp East Montana, además de familiares, representantes legales y el análisis de investigaciones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con otros documentos oficiales relacionados con el centro.
Según el informe, gran parte de las personas detenidas fueron arrestadas durante redadas laborales, controles de tránsito, citas migratorias o intervenciones comunitarias. Más de 60 aseguraron contar con documentación que acreditaba su permanencia legal en Estados Unidos al momento de ser detenidas. Los testimonios describen operativos realizados por agentes encapuchados que presuntamente no se identificaban y que habrían empleado fuerza excesiva, incluyendo golpes y descargas con pistolas Taser.
Las organizaciones también documentan traslados constantes entre cárceles locales y centros de detención sin información clara para familiares o abogados, mientras que los sistemas oficiales de localización de detenidos no reflejaban con precisión el paradero de las personas bajo custodia. Esta situación, advierten, generó periodos de incertidumbre que podrían encuadrarse dentro de los criterios internacionales de desaparición forzada.
Una vez en Fort Bliss, los testimonios coinciden en describir un entorno marcado por el hacinamiento, la falta de higiene y el deterioro de las condiciones sanitarias. Los detenidos denunciaron baños cubiertos de excremento, inundaciones en las áreas de alojamiento, escasez de productos básicos de limpieza y limitaciones para acceder a jabón o desinfectantes.
A ello se suma un prolongado confinamiento en espacios cerrados, con acceso mínimo a la recreación, la luz solar y el aire libre. Algunas personas afirmaron haber permanecido semanas sin salir al exterior y señalaron que durante buena parte de 2025 únicamente podían acceder a actividades al aire libre una vez cada dos semanas por alrededor de quince minutos.
El informe también recoge denuncias sobre alimentación insuficiente e irregular. Los entrevistados relataron retrasos de hasta doce horas entre comidas y la entrega de alimentos en mal estado o no aptos para el consumo, situación que habría provocado complicaciones de salud, especialmente entre personas con diabetes u otras enfermedades crónicas.
Otro de los aspectos más graves documentados es el presunto uso sistemático de la fuerza por parte de los guardias del centro. Los testimonios describen intervenciones de grupos de agentes vestidos de negro, con el rostro cubierto y sin identificación visible, quienes, según las denuncias, ingresaban de manera violenta a los módulos para golpear a los detenidos.
Las agresiones, de acuerdo con el informe, se habrían producido tras huelgas de hambre, solicitudes de atención médica, reclamos por las condiciones de reclusión o peticiones para acceder a actividades al aire libre. Asimismo, los investigadores recopilaron denuncias de castigos colectivos, amenazas, humillaciones y represalias contra quienes intentaban ejercer sus derechos o presentar quejas.
Las conclusiones coinciden parcialmente con una investigación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que también habría identificado casos de uso de la fuerza no reportados y considerados inadmisibles dentro del Camp East Montana.
La investigación dedica un apartado especial al fallecimiento de Gerardo Lunas Campos, ocurrido el 3 de enero de 2026. Testigos entrevistados sostienen que el hombre murió después de que varios guardias presuntamente lo sometieran por la fuerza cuando solicitaba atención médica mientras permanecía en una unidad de aislamiento. Según los relatos, la víctima pidió ayuda reiteradamente y manifestó que no podía respirar antes de perder el conocimiento.
En materia sanitaria, Human Rights Watch y la ACLU sostienen que existe un patrón de negligencia médica dentro del centro. Todos los entrevistados reportaron deficiencias en la atención de salud física y mental, retrasos prolongados para recibir tratamiento, interrupciones de medicamentos prescritos, evaluaciones insuficientes y respuestas disciplinarias frente a emergencias médicas.
El informe también denuncia presuntas prácticas de coacción para inducir a algunos detenidos a desistir de sus procesos migratorios y aceptar deportaciones hacia terceros países. Personas de nacionalidad cubana y venezolana afirmaron haber sido presionadas para ser trasladadas a México, pese a mantener procesos judiciales abiertos y expresar temor por su seguridad.
Ante este panorama, Human Rights Watch y la ACLU solicitaron al gobierno de Estados Unidos el cierre inmediato del Camp East Montana y la apertura de investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la presunta negligencia médica, las desapariciones forzadas y las deportaciones coercitivas.
Las organizaciones también instaron a que se establezcan responsabilidades para los funcionarios involucrados en los presuntos abusos, se garantice reparación a las víctimas y se revisen las políticas de detención migratoria que, según sostienen, han favorecido la comisión de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este centro de reclusión.
