La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció este jueves (23) la implementación de un arancel del 12,5% que afectará a cerca de 60 países a nivel global. Esta resolución es el resultado de una serie de investigaciones enfocadas en el uso de trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales. El gravamen máximo se aplicará de forma directa a todas aquellas naciones que no cuenten con prohibiciones explícitas a la importación de productos elaborados bajo estas condiciones de explotación.
A nivel internacional, la lista de los sancionados con la tasa más alta incluye a socios comerciales clave de Washington como Canadá y el Reino Unido. Sin embargo, el impacto en la región es profundo.
El comunicado expresa que “Hoy el embajador Jamieson Greer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, toma medidas definitivas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo aranceles a 60 economías por no haber impuesto ni aplicado eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso. Esta medida se produce tras las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyeron dos rondas de audiencias públicas, más de 2100 comentarios del público y el diálogo con nuestros socios comerciales para abordar estas preocupaciones de larga data”.
El escenario en América Latina y el Caribe
Dentro del bloque regional, un total de 11 países deberán asumir el arancel máximo del 12,5% debido a la falta de legislaciones restrictivas sobre el comercio global de bienes ligados al trabajo forzoso. La política norteamericana establece una división clara en el continente:
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Países con arancel máximo (12,5%): Aplicado a las economías que no han prohibido estas importaciones. Entre los 11 afectados destacan Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Bahamas.
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Países con arancel reducido (10%): Un grupo de naciones investigadas que sí adoptaron o implementaron marcos regulatorios y normativas estrictas en contra del trabajo forzoso recibirán un impacto menor. En esta categoría se encuentran Argentina, Ecuador, México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Con esta estrategia arancelaria diferenciada, la USTR busca presionar a los gobiernos extranjeros para que endurezcan sus controles aduaneros y legales contra la explotación laboral, utilizando el acceso al mercado estadounidense como principal mecanismo de incentivo.
Nota: Los países de América Latina y el Caribe alcanzados por el arancel máximo general de 12,5% impuesto por Estados Unidos por la normativa sobre trabajo forzoso son Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
