La instalación de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global en Paysandú se ha convertido en el nuevo blanco de la política exterior represiva del kirchnerismo. Bajo el argumento de supuestos perjuicios ambientales, sectores del peronismo argentino han vuelto a articular una embestida judicial contra la República Oriental del Uruguay, reavivando el fantasma de los conflictos bilaterales y los puentes bloqueados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Detrás de este litigio transfronterizo no hay un reclamo técnico neutral, sino dos figuras centrales del entramado militante del espacio kirchnerista: la fiscal federal de Concordia, Josefina Minatta y el diputado nacional Guillermo Michel, identificado con el massismo.
Josefina Minatta: De activista a fiscal favorecida por el poder
La encargada de llevar adelante la demanda es la fiscal federal María Josefina Minatta, quien en declaraciones al medio entrerriano Análisis dejó en claro la autoría y firmeza de la medida:
“La demanda fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto. Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado”.
El perfil de Minatta dista de la neutralidad técnica esperada en un representante del Ministerio Público. Su trayectoria pública cobró notoriedad en 2014, cuando participó activamente en el escrache violento al exministro de Economía Domingo Cavallo durante una conferencia en la Universidad Católica Argentina (UCA). Lejos de significar un freno a su carrera, su militancia en la agrupación kirchnerista Colectivo por la Justicia Social (CxJS) y su cercanía como mano derecha de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó impulsaron un meteórico ascenso institucional signado por privilegios.
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2015 (Nombramiento en una fiscalía inexistente): Como reportó el diario PERFIL el 11 de mayo de 2015, Minatta obtuvo dictamen para asumir como titular de la fiscalía federal de Concordia, un departamento judicial que al momento de su designación ni siquiera estaba en funcionamiento. PERFIL agregaba en esa fecha: “Su fama en el riñón de la militancia kirchnerista fue tal que siete meses después está a punto de convertirse en fiscal de un juzgado que todavía no funciona. Minatta, de 36 años, es una activa militante de la facción oficialista Colectivo por la Justicia Social (CxJS)”.
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2017 (Posicionamiento en cargos clave): Portal INFOBAE destacó cómo, tras el episodio violento contra Cavallo, la funcionaria fue catapultada a cargos sensibles, posicionándose para la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal antes de haber puesto en marcha el juzgado asignado en Entre Ríos.
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2021 (Salto irregular en el Consejo de la Magistratura): El 1 de septiembre de 2021, el diario Clarín reveló una maniobra donde el kirchnerismo en la Magistratura alteró el orden de mérito en un concurso público, subiendo a Minatta del puesto 18° al 6° para permitirle aspirar a un juzgado federal.
Guillermo Michel: El brazo político del massismo en la embestida
Acompañando la estrategia de judicialización se encuentra Guillermo Michel, diputado nacional por la provincia de Entre Ríos dentro del bloque opositor Unión por la Patria.
Michel no es un actor menor: se trata de uno de los colaboradores de mayor confianza de Sergio Massa. Durante la última gestión de gobierno, ocupó la titularidad de la Aduana Argentina, un puesto estratégico de control comercial. Su alineamiento político y territorial en la provincia de Entre Ríos lo posiciona como la espada parlamentaria del espacio en el litigio contra el emprendimiento uruguayo.
Una maniobra con viejos conocidos en el horizonte
La articulación entre una fiscal de militancia K, según medios argentinos —cuyo legado judicial responde a padrinazgos del espacio— y un legislador de primera línea del massismo expone que la demanda no es un hecho aislado. La pretensión de someter las decisiones de desarrollo industrial y soberano de Uruguay a los tribunales argentinos revive la retórica de confrontación que caracterizó el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay.
Las intenciones quedan al descubierto: la judicialización de la planta de HIF Global en Paysandú responde a una agenda política partidaria argentina que vuelve a utilizar a Uruguay como escenario para la gesticulación militante.
