MADRID – En un giro judicial sin precedentes que coloca al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación de extremo ahogo político, el juez Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La resolución judicial acusa formalmente a Gómez de “aprovechar” su posición privilegiada en el Palacio de la Moncloa para fines personales y empresariales, imponiéndole duras medidas cautelares que denotan la gravedad del caso.
El magistrado de instrucción no solo ha decretado que Gómez se siente en el banquillo de los acusados, sino que le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido la salida del territorio nacional y la ha obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado.
Un banquillo de tres y jurado popular
El auto del juez Peinado no se limita a la esposa del presidente. El magistrado ha sentado también en el banquillo a dos figuras clave de su entorno:
-
Cristina Álvarez: Asesora en la Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno.
-
Juan Carlos Barrabés: Empresario beneficiario de los contratos investigados.
El juez ha establecido que los tres procesados deberán responder ante un tribunal del jurado popular, una modalidad reservada para delitos de especial repercusión contra la administración pública.
Gravedad de los delitos imputados
La tipificación de los delitos agrava significativamente el horizonte penal de los implicados. El magistrado imputa de forma conjunta a los tres investigados los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Sin embargo, el escenario es aún más complejo para el núcleo de la Moncloa. A Begoña Gómez y a la asesora Cristina Álvarez se les añaden dos delitos de extrema gravedad que implican el desvío de recursos estatales:
-
Apropiación indebida
-
Malversación de caudales públicos
Como medida de aseguramiento, el juez ha acordado asimismo la retirada de los pasaportes de ambas acusadas y la prohibición estricta de abandonar España de forma inmediata.
Impacto político: El Gobierno, acorralado
La decisión judicial provoca un auténtico terremoto político en España. Es la primera vez en la historia democrática reciente del país que la esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio es llamada a juicio oral con medidas cautelares tan severas, habitualmente reservadas para supuestos de riesgo de fuga.
Clave del caso: La inclusión del delito de malversación y la restricción de movimientos sitúan el foco directamente sobre el uso de recursos públicos dentro del propio complejo presidencial de La Moncloa, dejando al Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad parlamentaria y social.
Se espera que en las próximas horas se produzcan reacciones en cascada por parte de la oposición, que ya exige responsabilidades políticas al más alto nivel, y del propio entorno del presidente Sánchez, que hasta ahora había enmarcado la causa dentro de una campaña de persecución judicial y mediática.
