La reciente denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra el líder etnocacerista Antauro Humala, el exministro Hernando Cevallos y la periodista y activista Claudia Cisneros ha encendido, una vez más, las alarmas sobre los límites del debate público en el Perú. Basada en informes de inteligencia policial y publicaciones en plataformas digitales, la acusación por presunta “grave perturbación de la tranquilidad pública” en agravio del Estado abre un debate tan viejo como necesario: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el delito?
Desde una perspectiva estrictamente constitucional, la instrumentalización del aparato punitivo del Estado para perseguir opiniones, por más destempladas o confrontacionales que resulten, constituye un terreno sumamente resbaladizo. El derecho a la libre expresión es la piedra angular de cualquier sistema democrático. Cuando la fiscalía o las procuradurías actúan bajo el paraguas de “informes de inteligencia” para calificar discursos como amenazas al orden público, el riesgo de caer en la criminalización de la disidencia es latente. La persecución de las ideas, incluso de aquellas que incomodan al poder de turno, es el primer paso hacia el autoritarismo.
Sin embargo, el derecho a expresarse libremente no es una patente de corso para la irresponsabilidad, ni exime a los actores políticos y de la prensa del escrutinio ético y legal. El abuso de este derecho es evidente en los tres denunciados, aunque bajo matices muy distintos.
El caso de Antauro Humala no sorprende: su retórica antisistema, sus llamados a una guerra con Chile por territorio y sus constantes amenazas a la institucionalidad democrática configuran un extremismo explícito que colisiona frontalmente con el pacto social.
Claudia Cisneros y el periodismo militante
Mucho más decepcionante —y nocivo para el debate civilizado— es el rol que ha decidido asumir Claudia Cisneros. Anunciar desde la comodidad del exilio en los Estados Unidos que “arderán las calles” en caso de no respetarse el voto popular no es un ejercicio de libre pensamiento; es, llanamente, prenderle fuego a la pradera social desde una distancia segura.
Tener una postura antifujimorista o coincidir en la arena política con figuras de la izquierda radical como Roberto Sánchez —delfín político del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien intentó un autogolpe de Estado— es legítimo dentro del pluralismo ideológico. Lo que destruye su credibilidad no son sus simpatías partidarias, sino la incitación a la violencia. Al cruzar esa línea, Cisneros abandona el periodismo y se abraza a la militancia ciega. ¿Es el quiebre institucional provocado por Castillo o la violencia callejera lo que defiende la periodista bajo el manto de la causa popular?
El recordado maestro de la ética periodística, Javier Darío Restrepo, lo advertía con una lucidez que hoy parece ausente en los medios locales:
“Todo aquel que se alindera del lado de un político o gobernante se predispone a mirar hacia un solo lado y a ignorar o criticar al otro, lo que lo predispone más a la propaganda que a la información veraz”.
Al alinearse sin fisuras con el radicalismo, Cisneros ha renunciado al valor de la independencia. Cuando un periodista se convierte en un propagandista que valida la violencia como herramienta de presión política, pierde la autoridad moral para reclamar inmunidad bajo el escudo de la libertad de prensa.
Y en definitiva si Cisneros tanto aborrece a la derecha… ¿Qué hace viviendo en EEUU? Una activista caviar…
La justicia peruana debe actuar con extrema cautela y proporcionalidad para no convertir esta denuncia en un peligroso precedente de censura estatal. Pero, en paralelo, la sociedad civil y el propio gremio periodístico deben sancionar con el rigor de la crítica a quienes, camuflados en el noble oficio de informar, deciden convertirse en agitadores del caos. La democracia se defiende protegiendo la libertad de palabra, pero también señalando con firmeza a quienes pretenden dinamitarla desde adentro.
