LA PAZ (Bolivia).– El conflicto social y político en Bolivia ha dado un giro aún más complejo. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que las protestas que desde hace más de un mes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz han adquirido una dimensión que va más allá del ámbito interno, al asegurar que existen presuntos lazos con “estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado”.
Según el funcionario, algunos de los grupos que impulsan los bloqueos carreteros han escalado sus acciones hacia métodos más violentos, con el objetivo directo de generar inestabilidad y asfixiar al Gobierno central.
Un mes de parálisis y pérdidas millonarias
Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo, impulsadas originalmente por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales. Lo que empezó como un reclamo sectorial se ha convertido en una crisis nacional con un saldo devastador:
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Desabasto: Varias regiones del país se encuentran incomunicadas y sufren una severa escasez de alimentos y combustible.
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Impacto económico: Las pérdidas financieras ya superan los 2.340 millones de dólares, golpeando duramente al aparato productivo.
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Costo humano: De acuerdo con cifras oficiales, los bloqueos y los enfrentamientos ya han dejado al menos 10 personas fallecidas.
Respuesta estatal y participación militar
Ante el recrudecimiento de la violencia, el Gobierno de Bolivia promulgó una ley que permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas bajo determinadas condiciones. El ministro Justiniano justificó la medida explicando que el país enfrenta una amenaza transnacional vinculada con el crimen organizado, lo que obliga a elevar el nivel de la respuesta institucional.
El titular de Defensa anunció que se actuará con firmeza pero bajo el estricto marco de la legalidad.
