El Gobierno de Chile concretó este jueves un nuevo operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros mediante un vuelo chárter internacional con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador, procedimiento que permitió sacar del país a 62 personas, de las cuales 46 correspondían a expulsiones administrativas y 16 a expulsiones decretadas por los tribunales de justicia.
Con este operativo, el total de expulsiones ejecutadas durante 2026 llegó a 1.039, consolidando un aumento significativo respecto del mismo período del año anterior y reforzando la política de control migratorio impulsada por el Ejecutivo.
Las cifras fueron dadas a conocer por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto inspector Ernesto León, quienes destacaron el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado para hacer cumplir las medidas migratorias vigentes.
Según informaron las autoridades, desde el inicio de la actual administración, el pasado 11 de marzo, se han concretado 743 expulsiones, reflejando una aceleración en la ejecución de estos procedimientos, especialmente en el ámbito administrativo.
A este balance se suman 2.509 salidas voluntarias efectivas registradas durante el año, elevando a 3.548 el total de personas extranjeras que han abandonado el país entre expulsiones y retornos voluntarios.
Durante la presentación de los resultados, el subsecretario del Interior sostuvo que el Gobierno ya superó la barrera de las mil expulsiones antes de finalizar el primer semestre, alcanzando cerca del 94% del total de expulsiones registradas durante todo 2024 y el 81% de las ejecutadas en 2025, lo que, afirmó, refleja un aumento sostenido en la capacidad de respuesta del Estado frente al control migratorio.
El vuelo realizado el 25 de junio incluyó la expulsión de personas involucradas en delitos de alta connotación, entre ellos homicidio, secuestro con violación, violación de mayor de 14 años, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos con violencia y delitos relacionados con armas de fuego.
Las autoridades precisaron que el 38,7% de los expulsados en este operativo mantenía antecedentes penales o condenas por delitos distintos al ingreso irregular al país, indicador que, según señalaron, refleja la prioridad otorgada a la expulsión de extranjeros que representan un riesgo para la seguridad pública.
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, destacó que la estrategia implementada durante los primeros meses de gobierno ha permitido disminuir los ingresos clandestinos por pasos no habilitados, incrementar las salidas voluntarias y fortalecer las expulsiones de personas condenadas por delitos graves. Agregó que el trabajo continuará enfocado en el control fronterizo, los procesos de regularización y el ordenamiento migratorio.
En tanto, el prefecto inspector Ernesto León subrayó el trabajo desarrollado por la Policía de Investigaciones para concretar este operativo, señalando que durante más de una semana equipos especializados coordinaron las diligencias necesarias para ejecutar las expulsiones. Añadió que la PDI mantendrá los esfuerzos para dar cumplimiento a la normativa vigente y a las resoluciones emitidas por la autoridad competente.
El Gobierno destacó que los resultados obtenidos responden a la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la autoridad aeronáutica y otros organismos públicos involucrados en la ejecución de las medidas migratorias.
