El automovilismo argentino se ve sacudido por una noticia de alto impacto judicial y deportivo. Hugo y Gastón Mazzacane, las figuras centrales de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), han sido procesados y embargados por la Justicia Federal de La Plata. Se los investiga por una presunta maniobra de evasión y defraudación al fisco que asciende a una cifra cercana a los $4.000 millones de pesos. En total son cinco directivos procesados de un grupo de empresas y de diversas personas jurídicas por considerarlos coautores de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y evasión tributaria
El entramado de la defraudación
La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, tras una exhaustiva investigación de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de la fiscal María Laura Roteta. La causa apunta a una red de empresas, entre ellas la firma Quilmes Tolosa S.A., que habrían sido utilizadas para evadir obligaciones tributarias.
Los puntos clave de la resolución judicial incluyen:
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Monto del perjuicio: El perjuicio total contra el fisco nacional se estima en $3.965.225.508.
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Delitos imputados: Coautores de insolvencia fiscal fraudulenta y evasión tributaria.
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Modus operandi: El uso de un entramado de personas jurídicas interpuestas para ocultar la verdadera capacidad contributiva y eludir el pago de impuestos.
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Medidas cautelares: El juzgado ratificó el embargo preventivo de más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias, buscando garantizar el cobro de la deuda.
Un golpe al corazón de la ACTC
El impacto de esta decisión judicial trasciende lo empresarial, ya que golpea directamente a la conducción del Turismo Carretera, la categoría más popular del país. Hugo Mazzacane ejerce actualmente como presidente de la ACTC, mientras que su hijo Gastón, ex piloto de Fórmula 1, ocupa la vicepresidencia.
El reclamo para que los Mazzacane renuncien a la ACTC
La situación ha generado un clima de tensión institucional. Según fuentes vinculadas al ambiente automovilístico, existen fuertes reclamos para que ambos directivos presenten su renuncia inmediata. El argumento principal es una cuestión de ética: evitar que el proceso judicial personal de sus líderes arrastre el prestigio de la asociación mientras se dilucida su situación ante la ley.
Los próximos pasos
Con el procesamiento ya dictado, la causa entra en una etapa decisiva. La participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante asegura una presión constante sobre el patrimonio de los imputados. Mientras tanto, el mundo del motor espera definiciones sobre quién tomará las riendas de la ACTC ante lo que ya se califica como uno de los mayores escándalos institucionales de su historia.
