En su primer mensaje televisado a la nación desde que asumió la presidencia de Chile, José Antonio Kast delineó las prioridades de su gobierno y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley orientado a reactivar la economía, fomentar el empleo y avanzar en la reconstrucción de zonas afectadas por recientes desastres.
El mandatario afirmó que el objetivo central de su administración es construir un país donde el trabajo permita a las familias vivir con tranquilidad, seguridad y oportunidades. En ese contexto, adelantó que en los próximos días el Ejecutivo ingresará al Parlamento el denominado Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, una iniciativa que contempla más de cuarenta medidas organizadas en cinco grandes ejes estratégicos.
“Este proyecto es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo pensando en las futuras generaciones. Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras. Para las familias de Ñuble y Biobío que esperan su casa. Para los jóvenes y las mujeres que llevan meses buscando empleo. Para el emprendedor que quiere contratar y no puede. Para todos los chilenos que merecen un país que crece”, dijo el Mandatario.
Uno de los pilares del proyecto es la competitividad tributaria. El gobierno propone reducir gradualmente el impuesto de primera categoría hasta el 23%, con el objetivo de mejorar el atractivo del país para la inversión. La reforma también contempla la reintegración progresiva del sistema tributario, permitiendo que el impuesto pagado por las empresas sea completamente descontable por sus propietarios, con el propósito de eliminar la doble tributación y estimular la reinversión de utilidades.
El plan considera además restablecer mecanismos de estabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, de modo que quienes decidan invertir en Chile cuenten con certeza sobre el marco impositivo en un horizonte de hasta 25 años. Según el Ejecutivo, estas medidas beneficiarían a cerca de 150 mil empresas responsables de más de la mitad del empleo formal y de la mayor parte de la inversión en el país.
Un segundo eje apunta al fortalecimiento del empleo formal mediante incentivos directos a la contratación. Entre las propuestas figura la creación de un crédito tributario asociado al pago de remuneraciones a trabajadores de menores ingresos. Con esta herramienta, las empresas podrán descontar parte de esos salarios de sus impuestos, generando una inyección estimada de 1.400 millones de dólares anuales al sector productivo. La medida alcanzaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas y tendría impacto en más de cuatro millones de trabajadores.
El tercer componente del proyecto busca reducir las trabas regulatorias que afectan el desarrollo de nuevas inversiones. El gobierno plantea acotar los plazos de revisión de permisos ambientales, limitar el tiempo de paralización de proyectos por medidas precautorias y otorgar mayor capacidad de decisión al Servicio de Evaluación Ambiental para filtrar observaciones de organismos sectoriales. También se contempla un mecanismo de compensación en caso de que el Estado revoque permisos previamente otorgados.
Dentro de este mismo eje se incluye una exención temporal del IVA para la venta de viviendas nuevas, medida que, según estimaciones oficiales, contribuiría a reactivar el sector de la construcción y recuperar alrededor de 180 mil empleos.
El cuarto eje está orientado a reforzar la certeza jurídica y regulatoria. Además de reinstalar la invariabilidad tributaria, el gobierno propone abrir un período de doce meses para facilitar la repatriación de capitales desde el extranjero mediante el pago de un impuesto único del 7%, siempre que esos recursos se mantengan invertidos en el país.
El quinto eje aborda la contención del gasto público y medidas de eficiencia estatal. Entre ellas se plantea ampliar los incentivos al retiro voluntario en el sector público, fortalecer el control sobre el uso de licencias médicas y otorgar mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar el cumplimiento tributario. Estas acciones permitirían, según el Ejecutivo, financiar compromisos como la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años.
El proyecto también incorpora un componente relevante de reconstrucción tras los incendios que afectaron a distintas regiones del país. El Ejecutivo anunció la ampliación del Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, la inclusión de nuevas zonas afectadas y mecanismos para facilitar donaciones y acuerdos de pago para las familias damnificadas.
El presidente sostuvo que la iniciativa busca responder a tres desafíos urgentes: impulsar el crecimiento económico, generar empleo y acelerar la reconstrucción de comunidades afectadas por desastres. En ese marco, fijó metas para el final de la década, entre ellas reducir el desempleo al 6,5%, alcanzar un crecimiento económico cercano al 4% anual y lograr equilibrio estructural en las cuentas fiscales.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado al Congreso a tramitar la propuesta con urgencia y destacó la necesidad de acuerdos políticos para enfrentar el estancamiento económico. Según señaló, la reactivación no debe entenderse como una agenda ideológica, sino como una condición necesaria para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los ciudadanos.
