El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil atraviesa un severo enfrentamiento interno tras la decisión adoptada este miércoles por el magistrado Flávio Dino, militante del Partido Comunista de Brasil, quien determinó la restitución inmediata de Andrei Rodrigues como director general de la Policía Federal (PF). La medida revocó el fallo emitido tan solo 24 horas antes por el ministro André Mendonça, desatando una contienda jurídica e institucional en el seno de la alta corte.
El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, André Mendonça, ordenó la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, tras denunciar haber sido víctima de espionaje y monitoreo ilegal por parte de la propia institución. Mendonça aseguró que él y el abogado general del Estado, Jorge Messias, fueron objeto de un seguimiento sistemático y no autorizado por parte del área de inteligencia policial.
La destitución de Rodrigues, dictada el martes, contaba con el respaldo mayoritario de los integrantes del Segundo Panel del STF. No obstante, el trámite del juicio quedó interrumpido tras una solicitud de vista impulsada por el ministro Gilmar Mendes. En medio del impás, Flávio Dino dio lugar a un recurso presentado por la propia defensa de Rodrigues y anuló el cese de sus funciones argumentando “irregularidades procesales”. Según la resolución de Dino, la solicitud original presentada por el Partido Novo carecía de legitimación procesal para pedir la destitución de una autoridad pública en la esfera penal.
Más allá del contrapunto técnico, el episodio ha encendido un intenso debate sobre el trasfondo político del tribunal. Dino, nombrado en el STF por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y allegado personal al mandatario, posee una conocida trayectoria como militante del Partido Comunista de Brasil. En diciembre de 2023, el propio Lula celebró públicamente haber designado por primera vez a un magistrado abiertamente “comunista” en la Corte Suprema.
Diversos analistas e interlocutores políticos advierten que esta revocación veloz expone un grave choque de facciones en el STF y profundiza la sospecha de una progresiva pérdida de neutralidad e independencia entre los poderes del Estado.
