La Policía Nacional de España ha desmantelado una presunta organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la distribución de drogas, que operaba principalmente desde la localidad catalana de Granollers y mantenía actividades en distintos puntos de Barcelona.
La operación concluyó con la detención de 14 personas, entre ellas ciudadanos o personas de origen dominicano, colombiano y español, además de la liberación de dos mujeres sometidas presuntamente a explotación sexual y la identificación de otras 17 potenciales víctimas. Uno de los detenidos permanece en prisión provisional.
Según la investigación policial, la organización controlaba cuatro pisos destinados a la prostitución y un local de alterne situados en Granollers y Barcelona, desde donde presuntamente desarrollaba una estructura destinada a obtener beneficios mediante la explotación de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
Las víctimas eran captadas aprovechando sus dificultades económicas. En algunos casos, las mujeres eran contactadas en sus países de origen mediante supuestas ofertas laborales en el sector de la hostelería y trasladadas posteriormente a España. Una vez en territorio español, descubrían, según las pesquisas, que la actividad prometida no correspondía con la realidad y que debían ejercer la prostitución.
La organización también habría reclutado a mujeres que ya se encontraban en España, ofreciéndoles alojamiento y plazas de trabajo en los establecimientos bajo su control. En los casos en que se producía un traslado internacional, las mujeres eran presuntamente obligadas a asumir una deuda relacionada con los gastos del viaje, un mecanismo que habría sido utilizado para reforzar su situación de dependencia.
La investigación reveló además las duras condiciones a las que eran sometidas las mujeres. En los pisos debían permanecer disponibles durante las 24 horas del día, mientras que en el local de alterne sus jornadas se extendían desde las cinco de la tarde hasta las cuatro de la madrugada.
Gran parte de los ingresos obtenidos por los servicios sexuales debían repartirse, presuntamente, en partes iguales con la organización. A ello se sumaba el pago de 250 euros semanales por el alquiler de las habitaciones. Las mujeres también habrían estado sometidas a un estricto control de sus movimientos y, cuando salían de los inmuebles, debían hacerlo acompañadas por integrantes de la red.
Las pesquisas indican que las víctimas eran obligadas a atender las exigencias de los clientes y, en determinadas circunstancias, incluso a trabajar durante la menstruación. En algunos casos, los responsables de la organización habrían retenido sus pasaportes bajo distintos pretextos, dificultando su acceso y control sobre su propia documentación.
Pero la actividad investigada no se limitaba presuntamente a la explotación sexual. Los pisos y el local de alterne también habrían sido utilizados como puntos para la venta y distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos destinados a combatir la disfunción eréctil que requerían prescripción médica.
Durante la explotación sexual, algunas mujeres habrían sido obligadas a consumir cocaína o tusi junto a clientes cuando estos lo solicitaban. De acuerdo con la investigación, esta práctica buscaba mantenerlas activas durante períodos más prolongados y aumentar los beneficios económicos generados por la organización.
Tras varios meses de pesquisas, los agentes lograron identificar la estructura del grupo, establecer las funciones de sus integrantes y localizar los inmuebles utilizados en la presunta actividad criminal.
La fase operativa incluyó 11 registros realizados en Granollers, Santa María de Palautordera y Barcelona. Durante las actuaciones fueron intervenidos 96.590 euros en efectivo, cerca de 120 gramos de cocaína, nueve gramos de tusi y 173 blísteres de medicamentos para la disfunción eréctil.
Además, la Policía incautó cuatro vehículos, una motocicleta de 650 centímetros cúbicos, numerosos teléfonos móviles, documentación vinculada a la investigación y 38 cartuchos de calibre 9 milímetros.
Inicialmente, los registros permitieron detener a 13 personas. Posteriormente, el 30 de junio de 2026, los agentes localizaron en Las Palmas de Gran Canaria a otro de los principales investigados, quien presuntamente se encontraba huido tras la fase operativa y regentaba en ese momento otro piso destinado a la prostitución.
Las 14 detenciones se distribuyeron entre Granollers, con cinco arrestados; Barcelona, con cuatro; La Roca del Vallès, con tres; Madrid, con uno; y Las Palmas de Gran Canaria, con otro detenido.
La operación representa un nuevo golpe contra las redes de trata y explotación sexual en España y permitió sacar de la estructura de control a dos mujeres consideradas víctimas, además de identificar a otras 17 mujeres como potenciales víctimas de la organización investigada.
