En una contundente e inédita cadena nacional, el presidente de la Nación, Javier Milei, reafirmó de manera categórica, en un sobrio discurso, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció una serie de medidas de fuerte impacto económico, legal y militar para frenar la explotación ilegal de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Milei remarcó que la cuestión Malvinas debe trascender a los gobiernos y los dirigentes. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, sostuvo.
La reacción de Buenos Aires se produce en respuesta directa al avance de proyectos de extracción hidrocarburífera offshore en aguas cercanas al archipiélago, ubicados a unos 220 kilómetros al norte de las islas y a 240 kilómetros de Puerto Argentino.
Las multinacionales en la mira: Israel y Reino Unido
El eje de la advertencia presidencial se concentra en el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion, llevado adelante por dos compañías internacionales:
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Navitas Petroleum (Israel): Empresa israelí con participación clave en el proyecto de extracción offshore.
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Rockhopper Exploration (Reino Unido): Compañía británica socia en la exploración y explotación comercial del yacimiento.
El Gobierno argentino remarcó que la actividad de estas multinacionales —junto a otros proyectos en evaluación— representa una amenaza directa a los intereses estratégicos y soberanos de la Argentina.
“Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una repuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, explicó el mandatario argentino.
Cerco económico, proveedores y juicio en ausencia
Para contrarrestar estas operaciones, Milei confirmó la firma de un decreto destinado a dar máxima celeridad a las sanciones contempladas en la Ley 26.659. La normativa no solo castigará a las firmas operadoras, sino que extenderá sus penalizaciones a toda su cadena de valor:
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Directivos y ejecutivos de las compañías.
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Accionistas e inversores.
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Proveedores de insumos y servicios involucrados directa o indirectamente.
“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, sentenció el mandatario.
Las empresas e individuos inhabilitados no podrán realizar contrataciones ni comerciales ni administrativas en territorio argentino, sea con el sector público o privado. Además, el Estado dispondrá la aplicación del juicio en ausencia para juzgar a las partes responsables.
Refuerzo militar en Tierra del Fuego
Como parte de la estrategia integral para disuadir las incursiones no autorizadas en el territorio ocupado por el Reino Unido desde 1833, el Presidente anunció la construcción de una nueva base naval en la provincia de Tierra del Fuego. Esta unidad militar buscará consolidar la presencia efectiva de las Fuerzas Armadas en el Atlántico Sur y proyectar el control sobre los espacios marítimos y antárticos.
Finalmente, Milei hizo un llamamiento a la unidad de todo el arco político y social argentino, sosteniendo que la protección de los recursos naturales y la soberanía territorial debe situarse por encima de cualquier diferencia partidaria.
