Dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual fueron desarticuladas en Sevilla en una operación conjunta de la Policía Nacional de España y la Guardia Civil que permitió liberar a 15 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana, todas ellas en una situación de especial vulnerabilidad.
El operativo culminó con la detención de 15 personas y cuatro registros efectuados en inmuebles de Sevilla, Utrera, Gelves y San Juan de Aznalfarache. La investigación permitió además adoptar medidas sobre el patrimonio presuntamente relacionado con la actividad delictiva, entre ellas el bloqueo de 15 cuentas bancarias con más de 30.000 euros y la inmovilización de tres inmuebles.
Según las pesquisas, las dos estructuras actuaban de manera independiente, aunque mantenían contactos y colaboraban ocasionalmente mediante el traslado de mujeres entre diferentes viviendas utilizadas para ejercer la prostitución. Las víctimas eran captadas principalmente en países sudamericanos mediante el aprovechamiento de sus dificultades económicas y sociales y posteriormente trasladadas a España.
Una vez en territorio español, las mujeres quedaban bajo un estricto sistema de control. Los inmuebles utilizados por las organizaciones funcionaban como casas prostíbulo y presentaban condiciones de hacinamiento e insalubridad. Las víctimas debían permanecer disponibles durante todo el día para atender los servicios sexuales impuestos por los responsables.
Uno de los principales mecanismos utilizados para someterlas era una deuda de aproximadamente 7.000 euros, generada por los gastos asociados a su traslado y llegada a España. La organización utilizaba esa cantidad como instrumento de presión para dificultar que las mujeres pudieran abandonar la situación de explotación.
La actividad estaba respaldada por una estructura destinada a incrementar los ingresos obtenidos de la explotación. Los responsables realizaban fotografías de contenido sexual de las víctimas y las difundían en plataformas digitales mediante perfiles e identidades ficticias, donde publicitaban sus características y los servicios sexuales ofrecidos.
Las viviendas permanecían además bajo vigilancia mediante sistemas de videovigilancia, una medida que presuntamente permitía a los integrantes de las redes controlar el movimiento de las mujeres y detectar posibles actuaciones policiales.
Durante los registros, los investigadores encontraron teléfonos móviles, documentación relacionada con la contabilidad de los servicios sexuales y alrededor de 10.000 euros en efectivo. La investigación patrimonial permitió identificar también cuentas y propiedades que, según los investigadores, estarían vinculadas con los beneficios obtenidos mediante la actividad criminal.
Los 15 detenidos están siendo investigados por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores, además de tráfico de drogas.
La operación permitió poner fin a un sistema de explotación que mantenía a las 15 mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad y bajo un régimen de control destinado a impedir que pudieran abandonar por sus propios medios la red criminal.
