El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, otorgó un plazo de 15 días a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se pronuncie sobre la negativa del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a comparecer a una declaración presunta ante la Policía Federal (PF). La decisión del magistrado vuelve a encender el debate en el país sobre los límites de sus competencias y el equilibrio de poderes.
El caso penal surge a raíz de una publicación en la red social X realizada por el hijo del expresidente Jair Bolsonaro el pasado 3 de enero. En dicho mensaje, que coincidió con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el parlamentario afirmó: “Lula será denunciado. Es el fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas”. Debido a esto, Flávio Bolsonaro enfrenta una investigación por el presunto delito de difamación contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La estrategia de la defensa y el marco constitucional
La citación estaba programada para este martes a las 14:00 horas. Sin embargo, el equipo jurídico del senador optó por no asistir y envió una declaración formal por escrito a la Policía Federal. La defensa argumenta que, al revistar la condición de acusado e integrante del Senado, la Constitución no lo obliga a prestar declaración presencial y solicita que la denuncia sea evaluada únicamente mediante el documento enviado.
Tras la incomparecencia, el delegado de la Policía Federal, Antônio Carlos Knoll, notificó formalmente a Moraes sobre la postura del legislador. La respuesta del juez del STF fue derivar el caso de inmediato al Ministerio Público:
“Dado que Flávio Nantes Bolsonaro ha manifestado su intención de no comparecer ante la Policía Federal para prestar declaración, tal como lo solicitó la Fiscalía General, ordeno la devolución del expediente al Ministerio Público para que emita su dictamen en un plazo de 15 días”, dictaminó Moraes.
Críticas por presunta extralimitación de funciones
La nueva orden de Moraes ha relanzado las duras acusaciones de diversos analistas judiciales y sectores de la oposición, quienes sostienen que las acciones del magistrado deslegitiman la confianza en el Poder Judicial de Brasil.
Para los críticos del STF, las constantes medidas de Moraes contra la familia del expresidente denotan una preocupante fijación política. Señalan además que el juez suele acumular funciones de policía, juez y jurado de forma simultánea, dictando resoluciones que, según su lectura, tuercen la legalidad vigente e ignoran las prerrogativas y protecciones constitucionales acordadas a los miembros del Congreso.
