El gobierno de la presidenta de facto de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI). El régimen justificó la medida al considerar que el organismo responde a un “sesgo” que concentra su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
Los argumentos del chavismo
A través de un comunicado publicado en la red social X, el canciller venezolano, Félix Plasencia, señaló que la decisión ya fue notificada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, por órdenes directas de Rodríguez.
En el texto oficial, Plasencia afirmó:
“Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”.
La respuesta de la CPI: Cooperación obligatoria
La comunidad internacional ha interpretado este movimiento como una “huida hacia adelante” por parte del régimen, en un intento por frenar el avance de las actuaciones del tribunal por los crímenes cometidos en el país.
Sin embargo, la estrategia legal del chavismo no detendrá los procesos en marcha. La CPI advirtió firmemente al régimen que está obligado a seguir cooperando con la justicia internacional, debido a que el anuncio de salida no anula los compromisos adquiridos ni frena las investigaciones en curso por las graves violaciones a los derechos humanos.
