La crisis humanitaria provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio continúa profundizándose. Mientras las labores de búsqueda y rescate siguen activas en las zonas más devastadas, el balance oficial asciende a 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas y 6.461 rescatadas de entre los escombros. Además, más de 15.800 habitantes permanecen desplazados tras perder sus viviendas o por el temor a nuevas réplicas.
En respuesta a la emergencia, UNICEF recibió este martes en Venezuela un cargamento de 47 toneladas de suministros humanitarios destinado a reforzar la atención de niños y familias afectadas. La ayuda, enviada desde una reserva de emergencia de la Unión Europea en Copenhague, incluye equipos médicos para atención de urgencias, salud materna y neonatal, sistemas de tratamiento y almacenamiento de agua, tiendas para instalar espacios seguros para la infancia, dispositivos de movilidad y materiales destinados al desarrollo y bienestar de los menores.
Este envío se suma a otro cargamento regional despachado desde Panamá el pasado 28 de junio y permitirá brindar asistencia durante al menos tres meses a más de 100.000 personas. Sin embargo, la magnitud de la tragedia supera ampliamente la capacidad de respuesta inicial. UNICEF estima que alrededor de 680.000 niños necesitan ayuda humanitaria en las áreas afectadas y ha destinado 3,5 millones de dólares de sus fondos de emergencia para acelerar la operación, aunque calcula que serán necesarios 52 millones de dólares para cubrir las necesidades de la población.
“Las familias necesitan con urgencia acceso a agua potable y servicios de salud. Muchas siguen durmiendo al aire libre por miedo a nuevas réplicas”, advirtió Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Desde los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, las autoridades han contabilizado más de 600 réplicas, situación que mantiene en alerta permanente a las comunidades afectadas y dificulta el retorno de miles de familias a sus hogares.
La infraestructura también ha sufrido severos daños. Al menos 855 edificios presentan afectaciones y más de 2.500 infraestructuras resultaron dañadas, entre ellas 38 hospitales, lo que ha incrementado la presión sobre un sistema sanitario que ya opera al límite de su capacidad.
La situación es especialmente crítica en el estado La Guaira, el más golpeado por los terremotos, donde persisten interrupciones en el suministro de agua, alimentos, electricidad y comunicaciones. Evaluaciones realizadas por ACNUR en La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo reflejan un rápido deterioro de las condiciones humanitarias. Tres de cada cuatro personas consultadas reportaron heridos en sus comunidades y más de la mitad confirmó fallecimientos entre sus vecinos.
El estudio también revela que muchas familias permanecen en condiciones precarias. Mientras una parte ha encontrado refugio en viviendas de familiares o amigos, un porcentaje significativo continúa durmiendo en calles, iglesias, escuelas y otros espacios improvisados que carecen de condiciones adecuadas de seguridad, higiene y privacidad.
Uno de los aspectos que más preocupa a las agencias humanitarias es el aumento de niños separados o no acompañados tras el desastre. ACNUR activó mecanismos para identificar a los menores, facilitar su reunificación familiar y prevenir nuevas separaciones, al tiempo que fortalece los sistemas de registro y protección de las personas más vulnerables.
Las personas mayores y quienes viven con alguna discapacidad enfrentan riesgos adicionales debido a las dificultades para desplazarse y acceder a información o servicios esenciales durante la emergencia.
En paralelo, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el deterioro de la capacidad hospitalaria. Una evaluación de 21 centros médicos en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón determinó que tres se encuentran en estado crítico y otros seis operan parcialmente debido a daños estructurales. Los hospitales enfrentan hacinamiento, retrasos en cirugías especializadas, agotamiento del personal médico y limitaciones en los protocolos de bioseguridad.
La desaparición de varios trabajadores sanitarios en La Guaira, incluida la persona encargada de coordinar la atención materna, ha agravado aún más la capacidad de respuesta en un momento de máxima demanda asistencial.
Las agencias de Naciones Unidas advierten además sobre un creciente riesgo de brotes epidemiológicos debido a la interrupción de los servicios de agua, saneamiento y salud, el desplazamiento masivo de población y la limitada cobertura de vacunación previa al desastre. Entre las principales amenazas figuran enfermedades como sarampión, difteria, tosferina, dengue, chikunguña, zika, malaria y diversas infecciones transmitidas por agua contaminada, especialmente en los refugios temporales donde permanecen miles de personas.
