En la movediza arena de la política argentina, el oficialismo suele regirse por una máxima inalterable: “conmigo o contra mí”. Sin embargo, el reciente y ruidoso conflicto en torno al pliego de María Verónica Michelli para la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dejó al descubierto una faceta diferente del Gobierno: la propensión a librar batallas gigantescas contra molinos de viento. A este concepto se opuso la senadora libertaria, Patricia Bullrich, que marcó su posición a favor de Michelli.
Durante semanas, el Poder Ejecutivo frenó el nombramiento de Michelli. Desde las usinas libertarias y los despachos oficiales se esgrimió un argumento que la oposición no tardó en calificar de “persecución familiar e ideológica”: la postulante es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon. Para el ala más dura del Gobierno, esto era razón suficiente para vetar su llegada al tribunal, asumiendo que el parentesco determinaba automáticamente una parcialidad judicial contraria a los intereses de la Casa Rosada.
El costo político de la maniobra fue innecesariamente alto. La oposición cerró filas denunciando un atropello institucional y un “cobro de facturas” de tintes casi monárquicos. La pregunta que flotaba en el aire del Senado era inevitable: ¿realmente valía la pena desgastar el capital político del Gobierno en este pliego?
Aquí es donde el análisis político exige separar el ruido de las redes de la cruda realidad. Si la resistencia oficial se fundaba en el “peligro” que representa Alconada Mon para la estabilidad gubernamental, la premisa parte de una notable exageración. El periodismo de investigación tiene su peso, por supuesto, y Alconada Mon es un nombre de referencia en círculos de la política. Su imparcialidad no está en duda; ha sido un duro crítico de los gobiernos kirchneristas y sus desmanes.
Al atacar la figura del periodista, el Gobierno cometió el error de elevar a un profesional serio a la categoría de enemigo público número uno, justificando una medida (el retiro del pliego) que legalmente nacía muerta.
Finalmente, la realidad y la negociación política se impusieron sobre el capricho ideológico. El pliego de María Verónica Michelli fue aprobado y la funcionaria tendrá su cargo en la judicatura con votos de LLA. El desenlace deja una lección para Balcarce 50: en el ajedrez del poder, gastar fichas importantes para perseguir parentescos no solo es una muestra de debilidad institucional, sino también una preocupante pérdida de tiempo y de foco en un país que exige batallas mucho más reales.
