BRASILIA – En medio de crecientes acusaciones de parcialidad, la justicia brasileña desató una nueva ola de controversia. El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, autorizó a la Abogacía General de la Unión (AGU) a defender al magistrado Alexandre de Moraes en una demanda federal interpuesta en Florida (EE. UU.) por Trump Media y la plataforma Rumble.
Las empresas estadounidenses acusan formalmente a Moraes de intentar censurar a sus ciudadanos mediante el bloqueo arbitrario de perfiles en redes sociales, violando la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Rumble, de hecho, se encuentra suspendida en Brasil desde febrero de 2025 tras negarse a acatar los polémicos fallos del magistrado.
Escudo institucional para evadir responsabilidades
La intervención del Estado se activó inmediatamente después de que Moraes fuera notificado por correo electrónico para responder ante los tribunales norteamericanos. Fachin justificó el uso de la defensa pública alegando que el proceso es un ataque a la “soberanía nacional” y a la “independencia del Poder Judicial”.
Sin embargo, analistas y sectores de la oposición calificaron la medida de inaceptable, señalando que son los contribuyentes brasileños quienes terminarán financiando la defensa de un juez por las consecuencias de sus propios actos.
Un tribunal bajo sospecha de politización
Para los críticos del STF, este blindaje es una prueba contundente de la falta de independencia de la justicia en el país. El cuestionamiento se intensifica al observar la composición de la Sala Primera del tribunal, fuertemente señalada por estar dominada por magistrados aliados y afines al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que refuerza las denuncias sobre la total politización de la máxima corte brasileña.
