El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su profundo malestar tras el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de clasificar a las facciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
La medida fue oficializada el pasado jueves 28 a través de un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.
La postura de Washington: “No es contra Brasil”
A pesar del fuerte impacto político de la decisión, Washington intentó calmar las tensiones diplomáticas aclarando que la medida “no es contra Brasil”, argumentando que el enfoque responde a que ambos grupos criminales ya operan activamente dentro de territorio estadounidense.
Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes para el mandatico brasileño. Lula se declaró “muy triste” por la clasificación liderada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
“Son terroristas, pero para las comunidades brasileñas”
Durante su intervención, Lula matizó el alcance global que la Casa Blanca le otorga a estas bandas, argumentando que el impacto de estas facciones es estrictamente de seguridad interna:
“El Comando Vermelho y el PCC son terroristas, pero para las comunidades brasileñas. Para la sociedad brasileña y para la gente de la periferia, porque perturban a las familias, los barrios y las ciudades. Son terroristas y los combatiremos aquí. [Por eso,] aprobamos una ley contra las pandillas y una ley para combatir el crimen organizado”, defendió el mandatario.
Una contradicción en el discurso
A pesar de tildar a los grupos de “terroristas” en el plano local, el presidente brasileño entró en una aparente contradicción al asegurar, minutos después, que las facciones criminales de su país no se ajustan al perfil de terroristas que Estados Unidos suele buscar, cuestionando así la legitimidad o la necesidad de la intervención y el etiquetado internacional por parte de Washington.
Con esta fricción, se abre un nuevo capítulo de debate sobre la soberanía judicial y el combate al narcotráfico transnacional entre las dos mayores economías del continente.
