La separación de poderes, pilar fundamental de cualquier república democrática, parece haberse convertido en un estorbo para el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Sus recientes declaraciones tras el histórico rechazo del Senado a la nominación de Jorge Messias para el Supremo Tribunal Federal (STF) no solo muestran su frustración, sino que encienden las alarmas sobre una visión patrimonialista del Estado, donde las instituciones clave deben responder a la afinidad política y no al equilibrio democrático.
El peligro del absolutismo judicial en Brasil: Cuando el poder busca “amigos” y no justicia
Al afirmar sin rodeos que “necesita amigos” para gobernar y reprochar al Senado un rechazo que tildó de “puramente político”, Lula olvida —o decide ignorar— que el control parlamentario sobre los nombramientos judiciales es, precisamente, el mecanismo constitucional para evitar el copamiento de la justicia. Que el Senado haya votado 42 a 34 en contra de Messias no es un agravio personal; es el ejercicio de una prerrogativa democrática que no se veía en Brasil desde hace más de 130 años.
La Sala Primera del STF: Un tablero a la medida del poder
La insistencia de Lula en volver a presentar a Messias (actual Fiscal General de la Unión y amigo personal) adquiere un tinte aún más preocupante cuando se analiza la composición de la Sala Primera del STF, el órgano que toma decisiones cruciales para el rumbo político del país. De consolidarse su estrategia, el tribunal quedaría configurado como un feudo de absoluta confianza presidencial:
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Cristiano Zanin: Abogado personal del propio Lula, elevado a ministro en 2023.
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Flávio Dino: Exministro de Justicia, cuya llegada a la corte fue celebrada públicamente por el mandatario festejando, con un orgullo que desafía la neutralidad judicial, haber colocado “por primera vez a un ministro comunista” en el STF.
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Cármen Lúcia: Nombrada también por Lula en su primer mandato (2006).
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Alexandre de Moraes: Convertido en el auténtico “hombre fuerte” del tribunal. Un magistrado que acumula funciones que en cualquier democracia sana serían incompatibles —investigar, acusar y juzgar de manera simultánea— y cuyo rol en la condena e inhabilitación de opositores como Jair Bolsonaro deja en evidencia una justicia que muchos ya catalogan como politizada hasta la médula.
Con la presión para imponer a Messias como quinto integrante, la Sala Primera dejaría de ser un contrapeso para transformarse en una extensión del Palacio del Planalto.
De la teoría a la práctica: El libreto del Foro de São Paulo
Este afán por controlar los tribunales no es un arrebato de soberbia aislado; responde a una estrategia ideológica de larga data. Conviene recordar las raíces políticas del mandatario. Junto a Fidel Castro, Lula fundó en 1990 el Foro de São Paulo para reorganizar a la izquierda latinoamericana tras la caída del muro de Berlín.
Las intenciones de esta coalición quedaron plasmadas con total claridad en el documento base del XXIII Encuentro del Foro en Managua (2017), donde se señala textualmente:
“La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación”
Lo que hoy ocurre en Brasil es la ejecución al pie de la letra de ese manual. Cuando los jueces ya no se eligen por su distancia del poder, sino por su cercanía afectiva e ideológica con el presidente, la justicia se transforma en una herramienta de persecución y blindaje.
La democracia no corre peligro únicamente cuando hay tanques en las calles; el riesgo es igual de letal cuando, desde el propio poder de forma silenciosa, se desmantelan los contrapesos institucionales para sustituirlos por una red de “amigos” incondicionales.
