El Congreso de Bolivia dio este martes un paso decisivo para ampliar las facultades del presidente Rodrigo Paz en medio de una creciente tensión social y política. La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que deja sin efecto la Ley 1341 de Estados de Excepción, eliminando así las restricciones que desde 2020 condicionaban la aplicación de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo.
La norma fue aprobada con más de dos tercios de los votos de los legisladores presentes, tras una sesión virtual que se extendió durante más de cinco horas y contó con la participación de 117 de los 130 diputados. Con la aprobación previa en el Senado, el proyecto fue remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
“Queda sancionada la presente ley”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, al cierre del debate parlamentario.
La decisión abre la posibilidad de que el mandatario decrete un estado de excepción para enfrentar las protestas y bloqueos que desde comienzos de mayo paralizan distintas regiones del país. Las movilizaciones, impulsadas inicialmente por demandas económicas ante la peor crisis en cuatro décadas, evolucionaron en las últimas semanas hacia pedidos directos de renuncia contra Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses.
De concretarse la medida, el Gobierno quedaría habilitado para desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía y aplicar restricciones temporales a derechos como la libre circulación y la reunión pública, aspectos considerados clave en el actual escenario de conflictividad social.
Durante el debate legislativo, representantes oficialistas y aliados defendieron la derogación de la Ley 1341 argumentando que el país enfrenta una amenaza al orden democrático. El diputado Carlos Alarcón, de Unidad, sostuvo que las movilizaciones buscan desestabilizar a un gobierno “legítimamente elegido” y acusó al expresidente Evo Morales y a su entorno político de promover acciones que vulneran derechos fundamentales.
En la misma línea, el legislador Alejandro Reyes afirmó que la iniciativa busca “dar una salida” a la crisis nacional y evitar que el país permanezca “sometido por un grupo reducido que evade la justicia y la verdad”.
La oposición y sectores movilizados, sin embargo, han advertido que la eliminación de los límites legales al estado de excepción podría derivar en restricciones a las libertades civiles y un endurecimiento de la respuesta estatal frente a las protestas.
