LA PAZ, BOLIVIA — El centro de La Paz se convirtió este lunes en el escenario de una jornada de alta conflictividad social. La Policía Boliviana recurrió al uso de gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaban avanzar hacia el corazón político del país, con la exigencia firme de la renuncia del presidente de la República, Rodrigo Paz.
El mandatario, quien asumió el poder el pasado 8 de noviembre, puso fin a 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). Precisamente, el Gobierno identifica a los líderes de estas movilizaciones como seguidores del expresidente Evo Morales. Los sectores movilizados no solo ratificaron su demanda de dimisión, sino que rechazaron la convocatoria al diálogo planteada por el Ejecutivo durante el fin de semana.
Blindaje oficial y orden de aprehensión
La Plaza Murillo, donde se erige el Palacio de Gobierno, permanece bajo un estricto resguardo policial y militar para evitar el ingreso de las columnas de protesta.
En el plano judicial, la situación escaló tras confirmarse que la Fiscalía General del Estado emitió una orden de arresto contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y uno de los principales promotores de la movilización, según reportó la agencia local Erbol.
Estos incidentes recrudecieron tras la nueva orden de detención que pesa sobre Evo Morales por una causa de pedofilia por el caso de la menor que el expresidente dejó embarazada durante su mandato presidencial.
El Gobierno descarta el uso de armas letales
Ante las versiones que circularon en redes sociales sobre el presunto uso de armamento letal en los operativos de desbloqueo, el Gobierno salió al cruce de los rumores. Las autoridades reiteraron que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía tienen instrucciones expresas de no utilizar este tipo de armas, a pesar de la violencia registrada en algunos puntos de contacto.
“Hago notar que el Gobierno ha instruido y ha garantizado que las Fuerzas Armadas y la Policía no usen armas letales”, afirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, en declaraciones a los medios estatales.
Tolerancia cero al uso de explosivos
El viceministro Paredes aclaró que los operativos tienen como único fin preservar la seguridad y restablecer el libre tránsito. Sin embargo, advirtió que se actuará con total firmeza contra quienes cometan delitos en las marchas.
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Derecho a la protesta: El Ejecutivo aseguró que las marchas pacíficas serán respetadas, siempre y cuando no vulneren los derechos de terceros, no deriven en bloqueos ni dañen las instituciones públicas.
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Uso de dinamita: Paredes fue enfático al señalar el peligro de los artefactos explosivos: “Usar explosivos, dinamita, que fueron otorgados o comprados para el trabajo, utilizar en movilizaciones, es un delito indudablemente”.
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Sanciones: El sector oficialista concluyó que, si bien una marcha pacífica no tiene por qué ser intervenida, cualquier hecho que involucre bloqueos o explosiones será sancionado conforme a la ley.
La situación en la sede de Gobierno continúa siendo de tensa calma, mientras las fuerzas de seguridad mantienen el control perimetral de las instituciones del Estado.
