El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por un período de 60 días con el objetivo de reforzar la ofensiva del Gobierno contra el crimen organizado. La medida, anunciada este jueves 2 de abril de 2026, se aplicará en nueve de las 24 provincias del país y en cuatro municipios adicionales situados en otras tres jurisdicciones.
Entre las zonas incluidas se encuentran Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país, que en conjunto concentran alrededor de siete millones de habitantes de los cerca de 18 millones que conforman la población ecuatoriana. Con esta disposición, el Ejecutivo busca ampliar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en los territorios más afectados por la violencia vinculada a las organizaciones criminales.
Durante la vigencia del estado de excepción quedarán suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realicen allanamientos sin orden judicial previa y puedan interceptar comunicaciones en el marco de investigaciones relacionadas con actividades delictivas.
El decreto también contempla el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía para ejecutar operaciones coordinadas contra las estructuras criminales que operan en el país. La decisión fue adoptada en la víspera del inicio del feriado de tres días por Semana Santa, un periodo en el que millones de ecuatorianos suelen movilizarse hacia distintos destinos dentro del territorio nacional.
Las provincias más impactadas por la medida se ubican principalmente en la región costera, donde se concentra buena parte de las operaciones de las redes criminales dedicadas al narcotráfico. Estas organizaciones utilizan el territorio ecuatoriano como punto estratégico para el envío de grandes cargamentos de cocaína, producida en su mayoría en Colombia, hacia mercados de Europa y Estados Unidos.
Entre las provincias incluidas en el estado de excepción figuran Esmeraldas y El Oro, fronterizas con Colombia y Perú respectivamente, además de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. A ellas se suman Pichincha, donde se ubica la capital Quito, y la provincia amazónica de Sucumbíos, también limítrofe con Colombia.
En esta última zona, las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizaron recientemente operaciones militares con cooperación de Estados Unidos para desmantelar campamentos presuntamente utilizados por los Comandos de la Frontera, una organización considerada disidente de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las autoridades defienden que las políticas de seguridad adoptadas por el Gobierno están empezando a mostrar resultados. Según datos oficiales presentados en una cadena nacional el 1 de abril por el ministro del Interior, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, los homicidios intencionales se redujeron un 28 % a nivel nacional entre marzo de 2025 y marzo de 2026.
“Este no es solo un indicador: son vidas salvadas, son familias que permanecen completas”, señaló Reimberg al destacar los efectos de las medidas implementadas para contener la violencia.
El Gobierno también recordó que el pasado 15 de marzo se dispuso una intervención focalizada en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, que incluyó la aplicación de un toque de queda para intensificar las operaciones policiales y militares en áreas consideradas críticas.
De acuerdo con el balance oficial, estas acciones permitieron la detención de más de 4.300 personas en todo el país, la ejecución de 2.200 allanamientos y la captura de un presunto cabecilla encargado del financiamiento de redes criminales. Además, tres objetivos catalogados como de alto valor fueron neutralizados y 19 personas vinculadas a brazos armados de estas organizaciones fueron arrestadas.
Las autoridades también informaron del decomiso de más de un millón de dólares en efectivo durante los operativos.
Según el Ministerio de Defensa, el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha incrementado la presión sobre grupos delictivos como Los Lobos, Los Fatales, Las Águilas y Los Tiguerones, debilitando su capacidad operativa en distintos puntos del país.
“El control no se negocia, se ejerce. Y no vamos a detenernos. Ecuador está recuperando el control”, afirmó el ministro Loffredo al referirse a la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
