Brasilia. – En un nuevo capítulo de la profunda crisis e institucionalidad que atraviesa Brasil, la Cámara de Diputados y el Senado Federal defendieron formalmente este lunes (18) la validez de la Ley de Dosimetría (Ley N° 15.402/2026). La norma, que permite la reducción de penas para los condenados por los actos del 8 de enero de 2023 —incluido el expresidente Jair Bolsonaro—, se encuentra en el centro de la escena tras haber sido suspendida provisionalmente por el cuestionado ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Las peticiones del Legislativo fueron enviadas al STF en respuesta al propio Moraes, quien frenó la aplicación de la ley hasta que el pleno del tribunal evalúe su constitucionalidad.
El Legislativo denuncia “efectos irreversibles” y defiende su soberanía
El Senado brasileño argumentó que el pleno de la Corte Suprema debe revocar de inmediato la decisión monocrática (individual) de Moraes. Según los asesores legales de la Cámara Alta, la suspensión dictada por el magistrado produce efectos “graves y potencialmente irreversibles”.
“Al suspender la aplicación de la Ley N° 15.402/2026, se priva al condenado de una ley vigente más beneficiosa, imponiéndole, por decisión judicial provisional, un régimen de progresión más oneroso que el previsto por el legislador”, declaró el Senado.
Por su parte, la Cámara de Diputados enfatizó que el Congreso posee la prerrogativa constitucional de tener la “última palabra” sobre los vetos presidenciales. La ley en cuestión había sido vetada originalmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero dicho veto fue anulado por el Parlamento.
“El Congreso es el principal actor en la sistematización del proceso legislativo (…). Por lo tanto, le corresponde al Parlamento decidir cómo anular el veto”, añadieron los representantes de la Cámara Baja.
Actualmente, el STF acumula al menos tres demandas que buscan anular la decisión del Congreso. Estas acciones fueron presentadas por las coaliciones de izquierda (Federación PSOL-Rede y la Federación PT, PCdoB y PV) junto a la Asociación Brasileña de Prensa (ABI). Se prevé que el tribunal juzgue los casos en el correr de este mes.
Alexandre de Moraes, en el ojo del huracán por cuestionamientos éticos
La decisión de suspender la ley ha reavivado las duras críticas contra el ministro Alexandre de Moraes. Analistas independientes señalan que esta maniobra ignora la soberanía del Poder Legislativo y refuerza la narrativa de la oposición, que acusa al magistrado de actuar como “policía, juez y parte” en los procesos que afectan a la derecha brasileña.
A este escenario de confrontación política se suman recientes y graves cuestionamientos sobre la ética e imparcialidad judicial del magistrado:
1. El caso Banco Master y presunto conflicto de intereses
La sombra del tráfico de influencias planea sobre el entorno de Moraes debido a presuntas filtraciones privilegiadas. Investigaciones periodísticas sugieren que el propietario del Banco Master habría recibido información anticipada sobre operativos de allanamiento por el juez Moraes según informes de OGlobo.
La controversia escala al ámbito familiar, ya que la esposa del magistrado, la abogada Viviane de Moraes, ha percibido elevados honorarios por servicios legales prestados a dicha entidad bancaria. Según el marco legal brasileño, este nexo financiero representa un claro conflicto de intereses que debió haber forzado la inhibición de Moraes en cualquier asunto vinculado al banco.
2. La boda de Tabata Amaral y la condena a Eduardo Bolsonaro
La imparcialidad del magistrado también fue fuertemente cuestionada tras la reciente condena al diputado Eduardo Bolsonaro (hijo del expresidente) a un año de prisión, dictada por críticas emitidas contra la diputada Tabata Amaral.
La defensa de Bolsonaro denunció una flagrante violación de los artículos 145 del Código de Proceso Civil y 254 del Código de Proceso Penal, los cuales exigen la recusación o inhibición de un juez en caso de “amistad íntima” con alguna de las partes. Como prueba, los denunciantes han difundido imágenes de Moraes asistiendo como invitado a la boda de Amaral (la demandante), lo que para la oposición consolida la tesis de una “persecución política” sistemática contra la familia Bolsonaro.
El juez Moraes en la boda de su amiga, Tabata Amaral
Comparativa de la Situación Judicial
| Caso | Acción de Moraes | Crítica Principal |
| Ley de Dosimetría | Suspensión de la ley del Congreso. | Desprecio a la voluntad legislativa. |
| Banco Master | Omisión de inhibición. | Conflicto de interés (esposa/honorarios). |
| Eduardo Bolsonaro | Voto condenatorio. | Amistad íntima con la demandante (Tabata Amaral). |
La acumulación de estos episodios sugiere un patrón de conducta donde la frontera entre la justicia y la militancia política parece desdibujarse. Mientras Moraes sostiene que sus acciones protegen la democracia, un sector creciente de la sociedad brasileña y del Congreso ve en él a un ejecutor de una agenda judicial personalizada, diseñada para blindar al oficialismo y desmantelar a la oposición.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién juzga a los jueces cuando estos ignoran las leyes que el pueblo, a través de sus representantes, ha decidido promulgar?
