Uno de los argumentos más contundentes para defender la no derogación de los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), está – entre otros casos- en lo referente a la seguridad de los ciudadanos, que se vería sumamente afectada si llega a ganar el referéndum propiciado por la izquierda uruguaya nucleada en el Frente Amplio y el sindicato de trabajadores PIT-CNT.
Según informa El País, el Código Penal vigente en su artículo 328 señala que aquellas personas que fueron condenadas por violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, secuestro y homicidio agravado (entre otros), y están cumpliendo una pena de penitenciaría, no podrían pedir su liberación antes de cumplir la totalidad de su pena impuesta por la Justicia. La Ley de Urgente Consideración (LUC) agregó a esa lista otros delitos en los que un preso tampoco podría beneficiarse del pedido de libertad anticipada. En el artículo 35 de la ley se sumaron a los delitos ya existentes en la ley vigente, los delitos de rapiña, rapiña con privación de libertad -es decir copamiento-, y la extorsión.
Desde el Ministerio del Interior advierten que de derogarse la LUC los delincuentes condenados por rapiña (robo con violencia) podrían acceder al beneficio de acortar su pena si la Justicia lo considerara pertinente.
Según datos oficiales de la Fiscalía General de la Nación, a los que accedió El País, desde que entró en vigencia la LUC (julio de 2020) hasta setiembre de este año 1.275 personas terminaron condenadas por el delito de rapiña.
