Amnistía Internacional instó a los gobiernos de Haití y El Salvador a garantizar que el despliegue de militares salvadoreños en territorio haitiano se ajuste estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos y cuente con mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
El llamado se produjo después de que Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, aclarara que la mayoría del personal militar salvadoreño recientemente enviado a Haití no integra la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, ese contingente tampoco estaría sujeto al mandato ni a los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH).
Ante esta situación, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, pidió al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que hagan públicos los términos del acuerdo que permitió el despliegue y expliquen bajo qué normas operan los efectivos.
La organización también reclamó información sobre los mecanismos de control establecidos para las tropas, las reglas que regulan el uso de la fuerza, las autoridades ante las cuales deben responder los militares y los procedimientos disponibles para que la población haitiana pueda denunciar eventuales abusos sin temor a represalias.
Amnistía advirtió que las operaciones de seguridad se desarrollan en un escenario marcado por una profunda crisis humanitaria y altos niveles de violencia, por lo que cualquier intervención militar podría incrementar los riesgos para comunidades vulnerables. En este contexto, pidió adoptar medidas específicas para proteger a la población civil y evitar desplazamientos forzados, además de preservar el acceso a alimentos, servicios médicos y otros bienes esenciales.
La organización subrayó que cualquier utilización de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También puso especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, incluidos aquellos que hayan sido reclutados por grupos armados, para lo cual consideró indispensable contar con personal capacitado en derechos humanos, protocolos adecuados y mecanismos de atención especializada.
Asimismo, Amnistía Internacional reclamó investigaciones rápidas, independientes e imparciales frente a cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos. En caso de establecerse responsabilidades penales, pidió que los involucrados sean sometidos a procesos judiciales con garantías de debido proceso y que las víctimas tengan acceso a reparación.
La organización también exigió esclarecer el paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre. Si se confirma que permanecen retenidos por una organización armada, reclamó su liberación inmediata y sin condiciones, además de garantías para preservar su integridad física.
