El Gobierno de Perú podrá adoptar nuevas medidas contra el crimen organizado sin someter cada iniciativa a la aprobación del Congreso, luego de que el Senado respaldara este miércoles la delegación temporal de facultades legislativas a la presidenta Keiko Fujimori, en medio de una grave crisis de seguridad marcada por el aumento de los homicidios y las extorsiones.
La iniciativa fue aprobada con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, tras aproximadamente tres horas de debate. El Parlamento informó que las atribuciones tendrán una vigencia de 90 días y abarcarán tanto la seguridad ciudadana como las medidas relacionadas con el fenómeno climático de El Niño.
Fujimori, quien asumió la presidencia en julio, quedará habilitada para dictar normas en materias como control migratorio, regulación del uso de armas y reformas al sistema penitenciario. El paquete también contempla nuevas herramientas para reforzar la actuación del Estado frente a las organizaciones criminales.
El proyecto ya contaba con el respaldo de la Cámara de Diputados, pero las modificaciones introducidas por el Senado ampliaron el alcance de las atribuciones presidenciales y provocaron cuestionamientos de la oposición. El siguiente paso será el envío del texto a la mandataria para su promulgación.
Mayor participación de las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones delictivas cuando la Policía considere que sus capacidades han sido sobrepasadas. La medida busca reforzar la respuesta estatal frente a bandas cuya actividad ha intensificado la percepción de inseguridad en el país.
El nuevo marco también permitirá que efectivos militares asuman labores de seguridad externa en establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad, desde los cuales, según las autoridades, se coordinan operaciones criminales.
Otra de las disposiciones autoriza la creación de un registro de organizaciones criminales que recurran a métodos empleados por el terrorismo o a prácticas consideradas análogas. Estas agrupaciones podrán ser objeto de técnicas especiales de investigación, acciones dirigidas contra sus activos y procedimientos judiciales, conforme a las condiciones establecidas en la ley.
Una crisis de seguridad como telón de fondo
La decisión parlamentaria se produce en un contexto de creciente preocupación por la expansión de la delincuencia en Perú, país de aproximadamente 34 millones de habitantes que enfrenta uno de sus escenarios de seguridad más complejos desde el final del conflicto armado interno, que se prolongó entre 1980 y 2000.
El aumento de los asesinatos y las extorsiones ha situado el combate al crimen organizado entre los principales desafíos del Ejecutivo. Con la delegación aprobada, Fujimori dispondrá de un periodo limitado para impulsar cambios legales sin recurrir al procedimiento legislativo ordinario para cada norma.
