La situación política en Brasil ha llegado a un punto de inflexión donde las caretas han caído por completo. La supuesta independencia del Poder Judicial brasileño se ha convertido en una quimera evidente, expuesta de la manera más cruda ante la opinión pública. En medio de un escenario electoral sumamente disputado, la desesperación del oficialismo ha quedado al desnudo: ante el temor real en los comicios, se recurre a la maquinaria de la Policía Federal y a un Tribunal Supremo Federal (STF) completamente cooptado por jueces aliados para intentar inclinar la balanza y buscar la descalificación de la oposición, personificada hoy en Flávio Bolsonaro.
El reparto a medida y el juez señalado
El último movimiento de este tablero politizado es la apertura de una investigación en el STF contra Flávio Bolsonaro bajo sospecha de un supuesto blanqueo de capitales vinculado a un abogado en el marco del caso INSS. Lo grotesco del procedimiento no es solo el momento elegido, a las puertas de la segunda vuelta electoral, sino quién ha sido designado para encabezar el proceso.
El expediente recayó por sorteo —una coincidencia que ya nadie cree casual— en manos del ministro Alexandre de Moraes. Resulta insostenible que un acérrimo enemigo político de los Bolsonaro, cuestionado por su parcialidad manifiesta en reiteradas ocasiones, sea el juez encargado de impartir “imparcialidad”. Más grave aún es el doble rasero ético: el propio Moraes y su esposa, Viviane Barci de Moraes, han estado bajo la lupa pública y de investigaciones debido a los millonarios contratos de su bufete con el polémico Banco Master. Pretender que un magistrado con semejantes cuestionamientos sobre sus espaldas actúe como juez neutral en causas de alto voltaje político es una burla flagrante al Estado de derecho.
La amnesia selectiva de Lula
Por si fuera poco, la bajeza moral de esta ofensiva judicial encuentra su rostro principal en Luiz Inácio Lula da Silva. Conviene recordarle a la memoria colectiva que Lula nunca probó su inocencia en los múltiples procesos de corrupción por los que purgó condena. Su salida de prisión y la anulación de sus causas no respondieron a una absolución sobre el fondo de los hechos, sino a meros tecnicismos procesales y disputas de jurisdicción.
Que hoy, con ese historial judicial a cuestas, Lula intente erigirse en paladín de la moralidad y agite fantasmas de corrupción contra la oposición es un síntoma inequívoco de desesperación pura y dura. A pocos días de definirse la segunda vuelta, el aparato estatal es utilizado como un ariete desesperado para desviar la atención de sus propias debilidades y de un modelo de poder que erosiona sistemáticamente las garantías democráticas del país.
Conclusión
Lo que ocurre en Brasil no es la aplicación de la ley, sino su instrumentalización política. Cuando las instituciones de control se subordinan a los intereses del poder de turno, la democracia deja de funcionar como tal. La farsa del STF y el uso faccioso de la justicia no solo agravan la polarización nacional, sino que destruyen los cimientos de la confianza ciudadana en las instituciones republicanas.
