La crisis se intensifica pese al incremento de las operaciones de las fuerzas de seguridad, que han llevado a las organizaciones criminales a modificar sus estrategias y ampliar su radio de acción. Los ataques ya no se concentran únicamente en la capital, Puerto Príncipe, sino que avanzan hacia comunidades rurales, donde las bandas recurren a secuestros, amenazas y represalias para conservar el control territorial y desafiar la autoridad del Estado.
El impacto de las operaciones de seguridad también preocupa a Naciones Unidas. Desde principios de julio, estas actuaciones han estado relacionadas con 808 personas muertas o heridas, lo que representa el 52 % de las víctimas registradas en el periodo analizado. Entre ellas figuran 148 personas sin vínculos con las organizaciones armadas.
Las bandas extienden el terror a las zonas rurales
El representante de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, advirtió de la capacidad de adaptación de los grupos criminales frente a la presión de las fuerzas de seguridad. Según el diplomático, la intensificación de los operativos ha coincidido con un aumento de las represalias contra la población civil y con nuevas modalidades de violencia.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 23 y 24 de agosto en Kenscoff, una localidad montañosa al sureste de Puerto Príncipe. El ataque dejó al menos 47 muertos, 22 heridos y 52 personas secuestradas. Trece de los cautivos fueron liberados posteriormente mediante iniciativas locales respaldadas por Naciones Unidas.
La violencia también se ha extendido por los departamentos del Oeste y Artibonite, donde 241 personas fueron asesinadas bajo la sospecha de haberse resistido a las bandas. Otros ataques en Saint-Michel-de-l’Atalaye, Marigot y Léogâne confirman el avance de los grupos armados sobre territorios rurales, con agresiones contra viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras públicas.
A esta situación se suma la persistencia de la violencia sexual. El informe de Naciones Unidas atribuye a las bandas la violación de 689 mujeres y niñas durante julio y agosto. El 87 % de las víctimas habría sufrido agresiones sexuales colectivas, una dimensión de la crisis que evidencia la extrema vulnerabilidad de la población civil.
Una fuerza internacional lejos de su capacidad autorizada
La respuesta internacional continúa enfrentándose a importantes limitaciones operativas. La Fuerza de Represión de las Bandas (FSG), que cuenta con apoyo logístico de la ONU, registraba 1.563 efectivos uniformados al 12 de octubre, frente a los 5.550 autorizados por el Consejo de Seguridad.
La fuerza ha comenzado a ampliar su presencia fuera de la capital, incluida la instalación de una base en Artibonite. Sin embargo, los recientes ataques demuestran que los grupos armados mantienen capacidad para desafiar el despliegue internacional.
El domingo, un vehículo blindado que transportaba militares salvadoreños de la fuerza fue atacado en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Según informaciones difundidas por la prensa, cuatro militares continuaban desaparecidos el lunes.
Para Ruiz Massieu, recuperar el control de las zonas afectadas no será suficiente para garantizar una estabilización duradera. El representante de Naciones Unidas subrayó la necesidad de restablecer una presencia permanente del Estado y complementar los operativos con programas de desarme y reintegración, especialmente dirigidos a los menores reclutados por las bandas.
Elecciones aplazadas y una transición política estancada
La inseguridad también amenaza con prolongar el vacío democrático en Haití. Las elecciones presidenciales y legislativas, inicialmente previstas para el 13 de diciembre, han sido aplazadas sin que se haya anunciado una nueva fecha. El país no celebra elecciones desde 2016, una situación que mantiene a sus instituciones bajo una presión creciente.
Pese a las dificultades, el proceso electoral ha registrado avances administrativos. Más de 35 partidos y agrupaciones políticas y alrededor de 3.500 candidatos se han inscrito, de acuerdo con los datos presentados por Ruiz Massieu. Sin embargo, las cifras del registro electoral reflejan un desafío considerable: al 5 de octubre, solo 759.257 posibles votantes figuraban en las listas, frente a un censo estimado de 6,5 millones de personas.
Los desplazamientos masivos, las restricciones de movilidad y el control territorial ejercido por las bandas dificultan la inscripción de electores y la organización de los comicios. En este contexto, la ONU advierte de que fijar nuevas fechas sin evaluar de forma realista las condiciones de seguridad podría debilitar aún más la confianza ciudadana y la credibilidad de las instituciones.
1,5 millones de desplazados agravan la emergencia humanitaria
La crisis política y de seguridad se desarrolla en paralelo a una emergencia humanitaria de grandes dimensiones. Cerca de 1,5 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, entre ellas más de 740.000 niños, debido a la violencia y al deterioro de las condiciones de vida.
Las perspectivas económicas también son desfavorables. Haití se encamina hacia su séptimo año consecutivo de contracción económica, mientras el plan humanitario de Naciones Unidas para 2026 dispone de aproximadamente la mitad de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la población.
El país afronta así dos desafíos estrechamente vinculados: contener a los grupos armados y reconstruir las condiciones institucionales que permitan celebrar elecciones creíbles. La ONU insiste en que las operaciones de seguridad, aunque necesarias, no pueden sustituir la recuperación de los servicios públicos, la presencia efectiva del Estado y las medidas destinadas a superar las causas de la inestabilidad.
